Preocupación entre los hosteleros de Cádiz por una sentencia del TSJA que obliga a desmontar 24 chiringuitos de playa al final del verano
Litoral
Afecta a diez establecimientos de Rota y 14 de Tarifa. La resolución judicial también podría extenderse al resto de Andalucía.
Preocupación entre los hosteleros de la costa de Cádiz por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que podría hacer que los chiringuitos que están en la playa todo el año, y que sirven para desestacionalizar el consumo, tengan que ser desmontados al terminar el verano.
La normativa de la Junta de Andalucía permite desde hace cuatro años que los chiringuitos puedan permanecer abiertos todo el año. La sentencia del TSJA, tras el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, obliga a volver a la situación previa, cuando estos locales debían desmontarse fuera de la época estival.
La resolución judicial anula la modificación de la concesión a varios chiringuitos de la provincia de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año, estimando así el recurso interpuesto por el Ministerio.
De momento, la orden afecta a diez chiringuitos de Rota y catorce de Tarifa. La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) se echa las manos a la cabeza. Según vaticina su presidente, Antonio Guerrero, ocurrirá lo mismo con el resto, más de cincuenta en la provincia, y también con los de toda Andalucía.
Aun así, esperan que el diálogo entre la Junta y Gobierno derive en una solución, porque, según aseguran, estos establecimientos son una seña de identidad turística y patrimonial, así como un motor económico en la provincia.
La situación actual se remonta a 2014, cuando se llevó a cabo una modificación para que los establecimientos desmontables de la playa pudieran estar abiertos todo el año, y con ello favorecer la desestacionalización del turismo en sitios como la provincia de Cádiz.
En ese contexto, la sentencia ha considerado que en el procedimiento administrativo y en el procedimiento al momento de la resolución "faltaba una ronda de consulta entre Junta y Gobierno que marca la ley en caso de que sean establecimientos fijos", como ha explicado Antonio Guerrero.
