Liberados siete jóvenes, víctimas de explotación sexual en Cádiz

La operación “Promises” ha permitido la liberación de siete jóvenes, víctimas de la explotación sexual. Tres perasonas han sido detenidas. En ella se ha logrado desarticular una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución lucrativa.

Las víctimas de la red fueron captadas mediante engaño por la organización en sus países de origen y cuando llegaban a España eran obligadas a prostituirse.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, la organización enviaba a captores a diferentes países de Sudamérica para reclutar jóvenes en buena forma física, a lo que prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España, con trabajos siempre relacionados con las profesiones que desempeñaban en sus países de origen.

LOS TRAJERON A ESPAÑA CON PROMESA DE TRABAJO

Con el señuelo de remediar las dificultades económicas por las que sus familias atravesaban, las víctimas aceptaban la propuesta. Para evitar sospechas, la organización obligaba a las víctimas a pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían nada más llegar.

Por ello, las familias de los siete jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas, que les cobraban unos intereses desorbitados, para pagar el viaje. Una vez en España, la organización los recogía en el aeropuerto y los trasladaba hasta la localidad de Prado del Rey, en la sierra de Cádiz. Allí les retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban consigo para controlarles en todo momento.

"Les tenían hacinados en una sola vivienda y sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndolos en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir", explica la Guardia Civil. La alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales que era gestionado y controlado por el líder de la organización. Los encuentros sexuales se producían en distintas localidades de la provincia de Cádiz, a donde el "tratante" llevaba a las víctimas, mientras permanecía en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba. Después le requisaba el importe pagado por cada servicio sexual.

Una vez que la víctima había participado en alguno de estos encuentros, era amenazado con trasladar esta información a sus familiares en Sudamérica, lo que consolidaba "la posición de dominio y abuso de situación de superioridad" frente a las víctimas.