El Gobierno estudia si la detención de un petrolero en Gibraltar se produjo en aguas españolas

El Gobierno está estudiando las circunstancias en que se ha producido la detención por parte de Gibraltar de un superpetrolero que transportaba crudo a Siria para comprobar si el caso afecta a la soberanía española al haberse producido su abordaje en aguas que España considera propias.

Así lo ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, quien ha confirmado que el Ejecutivo estaba "al corriente" de esta operación, que se ha desencadenado a partir de una petición de los EEUU a las autoridades británicas.

"Estamos viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía en la medida en que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España", ha manifestado en declaraciones en la sede de Exteriores.

También ha señalado que las patrulleras de la Guardia Civil del Mar se han ocupado de asegurar la zona donde está inmovilizado el buque que transportaba petróleo a una refinería de Siria, un país en guerra desde hace ocho años y sujeto a sanciones de la Unión Europea (UE)

Gibraltar cree que el petrolero "Grace 1" llevaba crudo a la refinería de Banyas en Siria, propiedad de una entidad sujeta a las sanciones de la UE.

Por ello, según el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ordenó que el capitán del puerto, asistido por la Real Policía de Gibraltar y el Servicio de Aduanas, tomara el control de la embarcación. 

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores estudia presentar una queja formal en forma de nota verbal al Reino Unido por el apresamiento en aguas españolas próximas a Gibraltar por parte de efectivos británicos del petrolero. De acuerdo con el régimen de sanciones de la UE, efectivos británicos prepararon una intervención para apresarlo cuando entrara en el puerto de Gibraltar.

Sin embargo, al no poder entrar el buque en el puerto, la intervención se llevó a cabo en las aguas que rodean Gibraltar, que son de soberanía española, aunque -según las fuentes- España decidió no interferir en la operación para cumplir con el régimen de sanciones de la UE.

No obstante, una patrullera de la Guardia Civil estuvo en todo momento realizando el oportuno seguimiento de la operación.