Bronca en la comisión de la FAFFE por la cercanía electoral

PARLAMENTO

Los socialistas han exigido que se cumplan los trámites para notificar las comparecencias.

Ciudadanos ha denunciado subterfugios del PSOE para no recoger las notificaciones y evitar ir al Parlamento.

Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán están citados para dos días antes de las elecciones.

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30 oct 2019 - 00:00

Susana Díaz y otros miembros del Partido Socialista habrían dicho que el parlamento no es su lugar de trabajo para no tener así, que recoger las notificaciones de comparecencia de la comisión de la FAFFE. Así lo ha desvelado el grupo parlamentario de Ciudadanos, un extremo que niegan los socialistas. 

Para la diputada Teresa Pardo, el PSOE busca excusas con el fin de evitar la declaración de Susana Díaz y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán los próximos días 7 y 8 de noviembre. La comisión investiga el presunto desvío de dinero público de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo a gastos privados como almuerzos o fiestas en prostíbulos. Desde Córdoba, Susana Díaz dice que se quiere embarrar la vida política.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Comisión de investigación se ha reunido este miércoles, a poco más de una semana de que comiencen las comparecencias, con polémica entre los partidos sobre las fechas elegidas.

El Partido Popular cree que las comparecencias en el seno de la comisión parlamentaria servirán para desenmascarar el libro de estilo de la corrupción socialista y no entiende por qué al PSOE le tiene que perjudicar la fecha, a 48 horas de las elecciones generales.

Adelante Andalucía ve "feo", en palabras de su portavoz, que algún partido haga un "uso electoral" de la comisión. Los socialistas aseguran que esta comisión es un desastre, que no se está siguiendo el procedimiento oficial para las notificaciones y denuncian un uso político del Parlamento.

Vox considera que los expresidentes de la Junta Susana Díaz, Chaves y Griñán "deberían" comparecer en la comisión. Su portavoz se ha referido también al acuerdo de presupuestos. Según Alejandro Hernández, el pacto incluye la obligación de compartir con el Ministerio de Interior los datos de inmigrantes irregulares, aunque la Junta lo interprete de forma diferente.

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