Bosquet propone sanciones de hasta 60.000 euros por no declarar en una comisión
parlamento andaluz
La propuesta de reforma del reglamento que su presidencia ha elevado a los grupos políticos contempla esta sanción a quienes se nieguen a declarar en una comisión de investigación
El incumplimiento de la obligación de declarar en las comisiones de investigación, salvo que exista causa legal que ampare este derecho, podría ser sancionado en el Parlamento de Andalucía con una multa de 60.000 euros, decisión que tomaría la Mesa de la Cámara tras el correspondiente procedimiento.
Así lo recoge la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento autonómico elaborado por los Servicios Jurídicos a instancias de la presidenta, Marta Bosquet (Cs), que ha presentado en rueda de prensa el contenido de un primer borrador, ya trasladado a los grupos para que hagan sus aportaciones.
La medida, defendida por Bosquet, pretende terminar con situaciones como la sucesión de negativas y plantes a declarar de distintos responsables de los anteriores gobiernos socialistas en las comisiones de investigación, más recientemente en la comisión de investigación creada en el Parlamento en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Según la presidenta, se trata de una propuesta para evitar que se "desvirtúen" las comparecencias en estas comisiones con una visión "más garantista y de futuro", medida que de ser aceptada en la tramitación de la reforma convertiría a la Cámara andaluza en la primera en regular este tipo de sanciones.
El texto recoge que las personas requeridas en las comisiones de investigación tendrán derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo.
Sin embargo, sostiene que estarán "obligadas a declarar y a contestar a las preguntas que se le formulen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado, salvo que concurra causa legal que ampare su derecho a no declarar contra sí mismo".
El incumplimiento de esta obligación - indica el texto- podrá ser sancionado con una multa de 60.000 euros tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que será resuelto por la Mesa del Parlamento a instancias del presidente o de algún miembro de la comisión de investigación.
Además, la Mesa del Parlamento regulará el procedimiento para la imposición y exigencia de la sanción, a "cuyo efecto podrá utilizarse el procedimiento de apremio
La propuesta de reforma, abierta la aportación de los grupos parlamentarios plantea la modificación de 105 de los 190 artículos que contiene y agrega otros 14 nuevos, lo que implica una "actualización" del "obsoleto" Reglamento y persigue resolver las "lagunas" actuales y adecuarlo al Estatuto de Autonomía en aspectos como la investidura de los presidentes de la Junta, ha indicado Bosquet.
Entre las novedades, la presidenta ha destacado la intención de que la Mesa de la Cámara mantenga reuniones en todas las provincias andaluzas y no ha descartado que una ellas se desarrolle en el Senado para reivindicar las prioridades de Andalucía, a lo que ha sumado que los senadores por designación autonómica tendrán la obligación de comparecer en el Parlamento de Andalucía.
Todos los partidos que obtengan representación en las próximas elecciones estarán representados en la Mesa del Parlamento, según la propuesta, que regula al grupo Mixto (distintos diputados de varias formaciones que no consigan cinco representantes).
No obstante, si hubiera grupo Mixto tendría también derecho a estar representado en la Junta de Portavoces, posibilidad que no contempla para los diputados no adscritos que mantiene su situación.
Ante la polémica por el cobro de las dietas por desplazamiento de los diputados, la propuesta plantea que la Mesa de la Cámara ordenará la "detracción automática y proporcional de las retribuciones de los diputados, así como de sus indemnizaciones por el ejercicio de la actividad parlamentaria, cuando de modo injustificado quebranten el citado deber".
La reforma reduce también a una tercera parte las preguntas de los diputados de los partidos del Gobierno en las sesiones de control para dar más cobertura a los de la oposición y se limitan los tiempos de intervención de los consejeros (de 20 a 15 minutos) y de los portavoces (de 10 a 7 minutos) en los plenos y las comisiones parlamentarias.
