La Audiencia de Sevilla reabre la investigación de los avales de la agencia IDEA

La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado reabrir la investigación de las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos a determinadas empresas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

En un auto notificado este lunes al que ha tenido acceso Efe, la Sección Primera de la Audiencia estima el recurso del Ministerio Público contra el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones que acordó la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla el 27 de mayo de 2019 y ha ordenado que se practiquen las diligencias pedidas por la Fiscalía.

Esas pruebas son la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las ayudas objeto de investigación y la elaboración de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como ya acordó este tribunal en varios autos anteriores, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los investigados en esta causa eran el exconsejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez García y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete, que pidieron la confirmación del archivo, al igual que la Junta de Andalucía.

La jueza justificó el sobreseimiento en el "desvanecimiento" de los indicios de delito basándose especialmente en el informe de una ex interventora general de la Junta, pero ahora la Audiencia insta al juzgado a acordar "a la mayor brevedad posible" el cumplimiento de las nuevas diligencias.

La Audiencia considera que esa documentación "no disipa los indicios" que la investigación de la UCO desprendió sobre la presunta comisión de prevaricación y/o malversación por haberse hecho "un uso ilícito" de las ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento de empresas a través de los avales ante entidades financieras en garantía de préstamos "como medio para hacer llegar fondos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta".

Según la Fiscalía, la jueza "no ha tenido en cuenta" otras pruebas "de las que se desprenden indicios" de esos delitos y la exinterventora sólo analizó "la incompleta documentación" relativa a las ayudas a dieciocho empresas, por lo que dejó fuera "cuestiones decisivas para el esclarecimiento de los hechos".

En su recurso, al que se adhirió el PP, la Fiscalía subrayó que el objeto del caso "es más amplio" y abarca el empleo irregular de esos avales, previstos como incentivos para empresas en crisis en la Orden de 5 de noviembre de 2008 y sucesivas, para "inyectar fondos públicos de manera continuada y presuntamente ilícita a favor de determinadas empresas".