Aprobada la reforma del Reglamento que sustenta la expulsión de Rodríguez y otros siete diputados

El pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante y la abstención de Vox, la reforma del Reglamento que lo adapta al pacto contra el transfuguismo y que avala la expulsión de su grupo de Teresa Rodríguez y otros siete diputados, actualmente no adscritos.

De esta forma culmina un proceso impulsado por las cuatro formaciones que han apoyado la reforma y que se ha visto envuelto en la polémica desde su inicio, ya que ha contado con el rechazo frontal de los expulsados de Adelante, que lo impugnarán ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera el derecho de representación e impide su capacidad legislativa.

Con esta reforma, que ha salido adelante tras rechazar el pleno todas las enmiendas presentadas por los no adscritos, el Parlamento andaluz se convierte en el primero en adaptar su reglamento al pacto antitransfuguismo aprobado en el Congreso de los Diputados.

"Tuvieron que vender su alma al fascismo para expulsarnos", ha espetado en el debate Rodríguez, que ha añadido que "no es esto lo peor, sino la imagen lamentable que proyecta la izquierda y el desánimo para los votantes", por lo que se ha preguntado si "era de verdad el mejor momento para someterla a ese desgarro".

La líder de Anticapitalistas ha lamentado que en las próximas elecciones haya en la comunidad "tres papeletas de izquierdas, dos con el centro en Madrid y una en Andalucía", y ha finalizado asegurando que "no hay ningún drama: hasta aquí hemos llegado, ojalá que les vaya bonito".

En nombre de los no adscritos han intervenido también Ángela Aguilera, que ha acusado a la Cámara de "secuestrar la soberanía popular para entregársela cada uno a sus partidos políticos", y Nacho Molina, que ha denunciado que "hoy culmina la operación 'arreglar lo del sur'" y ha acusado al Parlamento de "tener el honor de ser el primero en resolver el conflicto interno de un partido".

Por su parte el portavoz de Adelante, Ismael Sánchez, ha dicho que su grupo está "muy tranquilo" y ha pedido "dejar de ver fantasmas y de confundir a la ciudadanía y a la militancia de izquierdas" y ha sostenido que "emprender un nuevo proyecto político es legítimo, pero el transfuguismo es corrupción".

"O defiendo las posiciones de mi organización o de no hacerlo rompo el acta", ha zanjado Sánchez, que ha mantenido que "lo contrario es secuestrar ese acta, entendiendo que es una propiedad individual en un sistema en el que no se vota a las personas sino a las fuerzas políticas".

Desde el PSOE, Rodrigo Sánchez Haro ha defendido que el texto "beneficia las condiciones de los diputados y por tanto de los andaluces" y ha recordado que en el sistema político vigente "son los partidos los que asumen la representación de la ciudadanía y así lo recoge la Constitución".

El diputado del PP Juan Bueno ha argumentado que, atendiendo a una situación "anómala", el Parlamento "está haciendo lo correcto: regularla para no dejar que haya un limbo en el que no se sabe muy bien qué hacer", además de pedir a los no adscritos "menos espectáculo y más trabajar por los andaluces".

Para Sergio Romero, de Ciudadanos, esta modificación "no solo era necesaria sino absolutamente oportuna" puesto que "se da un gran paso para luchar contra la corrupción" y "se pone punto final a una práctica poco democrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

Por parte de Vox, Ángela Mulas ha cuestionado la legalidad de la reforma basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara "que advierte que el planteamiento es equivocado", por lo que ha puesto en duda la constitucionalidad de la propuesta y ha añadido que "no se está en un sistema de partidos, sino en un Parlamento de diputados".