CONSEJO DE GOBIERNO
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La Ley de Cambio Climático andaluza delimita la contaminación

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que fija nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha dicho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que con esta normativa Andalucía se propone "liderar" en España los compromisos contra el cambio climático, y ha destacado que esta comunidad se sitúa "a la altura de países como Reino Unido y Francia".

Informativos CanalSur 23 September 2014

La nueva ley se centra, sobre todo, en las denominadas "emisiones difusas", que suponen un 55 % de la contaminación vinculada al cambio climático en Andalucía, y el objetivo es no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

La ley, que prevé sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros, establece que las grandes empresas deben auditar sus emisiones, presentar un informe y elaborar un plan de reducción, y para las actividades que excedan los valores de referencia establecidos se exigirá compensar su potencial contaminante con proyectos de absorción de CO2.

"No queremos coartar la actividad económica de ninguna empresa, pero sí que éstas tengan su cuota de responsabilidad", ha subrayado la consejera, que ha detallado que aquellas que tienen contratada más de 3 kilovatios hora se tendrán que adherir al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), instrumento pionero en España que se aplicará una vez elaborado el reglamento de ley, previsiblemente dentro de dos años desde su entrada en vigor.

Si no lo hicieran, las empresas podrán ser multadas aunque la consejera ha recalcado que la "vocación" de la Junta no es sancionar, sino "educar" porque el cambio climático es "uno de los mayores problemas que afecta a la humanidad".

Ha resaltado que la "preocupación" del Gobierno andaluz en este ámbito no es nueva, pues la Junta "atesora" más de una década de trabajo desde que en el 2002 impulsó la Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático, y que ha permitido que el porcentaje de emisión de gases con efecto invernadero haya descendido un 19 %.

El anteproyecto establece techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.

Estos límites, denominados "presupuestos de carbono", serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que se puedan adquirir en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.

Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado; la regulación de las medidas para aumentar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2 (espacios forestales), y la obligación de incorporar a la planificación sectorial la consideración del impacto de cambio climático.

El llamado Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones tendrá dos regímenes, uno obligatorio y otro voluntario, el primero de los cuales obligará a los establecimientos a auditar sus emisiones, presentar un informe y elaborar un plan de reducción.

Para las actividades de gran consumo energético, que excedan los valores de referencia establecidos, se exigirá además compensar su potencial contaminante con proyectos de absorción de CO2.

Por su parte, al régimen voluntario podrán acogerse todas aquellas actividades con menores niveles de consumo que quieran asumir los compromisos del SACE.

Los proyectos de compensación de emisiones se dirigirán sobre todo a reforzar la capacidad de los bosques andaluces para absorber el carbono y actuar como sumideros naturales, aunque también se incluyen trabajos de conservación o creación de humedales y de aumento del contenido en materia orgánica del suelo.

Como medio para financiarlos, se prevé la creación del Fondo de CO2, con un patrimonio separado del resto de la Administración autonómica, y cuyos recursos procederán de las cuotas voluntarias, el Presupuesto de la Junta y otras aportaciones económicas.

En el ámbito de la reducción de emisiones, la ley también respaldará a los fabricantes de productos industriales, agroalimentarios y pesqueros para el cálculo y la certificación de la denominada "Huella de Carbono", instrumento que sirve para medir las emisiones de CO2 que registran las empresas en la fabricación y distribución de un producto o servicio.

A estos planes se suman, como instrumentos complementarios, los Programas Municipales de Cambio Climático, en poblaciones de más de 50.000 habitantes, unos documentos que abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde la competencia local y los incorporarán a la planificación urbanística.


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