Andalucía recurre ante el Constitucional la Ley de la Vivienda

El Gobierno de Andalucía ha autorizado este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda por considerar que "invade competencias" autonómicas, una decisión que cuenta con el dictamen positivo del Consejo Consultivo y que coincide con el de los servicios jurídicos de la Junta. La decisión ha sido adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta celebrado este jueves por la tarde y se basa en que la ley de vivienda "invade competencias" en materia de vivienda "exclusivas" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco.

Así, la Junta entiende que "se han sobrepasado los límites" desde el artículo 3, donde se recogen las definiciones de estos conceptos, como su posterior desarrollo en varios artículos así como en la Disposición Transitoria Primera. "La regulación en estos artículos es tan completa y acabada que no deja resquicio alguno para la regulación al legislador autonómico, que es el competente en la materia", sostiene el portavoz del gobierno andaluz.

El dictamen del Consejo Consultivo apoya las tesis de los servicios jurídicos de la Junta que tienen hasta el 25 de agosto para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Asegura que el estado no puede dictar normas supletorias si no son suyas esas competencias porque excede el poder legislativo que le confiere la constitución. Y en este caso, considera que invade las establecidas en el estatuto de autonomía en materia de vivienda porque hace una regulación exhaustiva que corresponde a la comunidad autónoma.

Con esta base, el Gobierno andaluz va a impugnar 16 artículos y 4 disposiciones de ley de la norma, que entró en vigor el 26 de mayo, tras su aprobación por las Cortes. Recurrirá la regulación de las viviendas protegidas porque recoge aspectos ya reglados en Andalucía como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario.

También impugnará el concepto de gran tenedor que se rebajaría a los propietarios con 5 inmuebles en lugar de 10 porque consideran que invade el derecho de propiedad. O los criterios para identificar las zonas tensionadas, aquellas que presentan más dificultades de acceso a la vivienda donde se tendrían que aplicar las medidas de contención. Asimismo, se recurrirá el porcentaje de reserva de vivienda pública de alquiler y el de reserva de suelo para viviendas sociales en zonas con poca oferta y mucha demanda. El Gobierno andaluz dice que ya existe por ley en Andalucía suficiente suelo reservado para vivienda protegida.