Andalucía reclama una negociación multilateral y 17.800 millones

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Si a Cataluña le condonan 15.000 millones, a Andalucía le corresponden 17.800, a 2.000 euros por habitante.

La consejera de Economía que, no obstante, insiste en que la Junta no quiere condonación sino un nuevo sistema de financiación. 

Carolina España reclaman 17.500 millones
CANAL SUR MEDIA
13 nov 2023 - 00:00

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), ha defendido este lunes que la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno no ha pedido "una condonación de deuda" para la comunidad autónoma, sino que lo que "siempre" ha reclamado al Gobierno central es "que se reforme el sistema de financiación autonómico, por el que Andalucía pierde cada año más de mil millones de euros", y así lleva sucediendo desde el 2009.

Así lo ha manifestado la consejera a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede de su departamento, en Sevilla, y al hilo del acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC en el marco de las negociaciones para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, de nuevo como presidente del Gobierno, y que contempla que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses.

La consejera ha apostillado que, por parte del Gobierno andaluz, han cifrado en "2.099 euros por habitante" la cantidad que le correspondería recibir a Andalucía para "igualar la condonación de los 15.000 millones de euros que han firmado" los socialistas para "la comunidad catalana", de forma que "a Andalucía, en principio, le corresponderían 17.800 millones de euros".

No obstante, la titular de Hacienda ha puntualizado que esa sería "la cantidad" de dinero a recibir para igualar esa condonación de deuda a Cataluña, pero ha remarcado que, "en cuanto a la forma", desde el Gobierno andaluz "siempre hemos dicho que esto debe ser una negociación no bilateral, sino multilateral, de todas las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF), "que es el órgano creado para que todas las comunidades autónomas tengamos esa relación y esa negociación con el Gobierno de España", según ha incidido.

Además, ha subrayado que "desde el Gobierno andaluz no hemos pedido una condonación de deuda", sino que "siempre hemos dicho y lo que hemos pedido es que se reforme el sistema de financiación autonómico, por el que Andalucía pierde cada año más de mil millones de euros", una cantidad que "llevamos perdiendo desde el año 2009", según ha denunciado.

Carolina España ha subrayado así que desde la Junta "hemos pedido por activa y por pasiva que se reforme el sistema de financiación autonómico, para que Andalucía reciba por lo menos la media" de lo que reciben las comunidades, porque "hay cuatro" regiones que están "infrafinanciadas" y "recibiendo por debajo de la media", entre las que incluye a la andaluza, mientras que "el resto de comunidades reciben por encima de la media", según ha llamado la atención.

"Nosotros no pedimos, de momento, recibir más", pero sí "un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación de Andalucía y de las otras tres comunidades autónomas" en la misma situación, según ha continuado exponiendo la consejera antes de insistir en defender que "todas estas cuestiones deben analizarse no bilateralmente, sino de forma multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera". 

LA JUNTA SE PLANTEA RECUPERAR EL IMPUESTO DEL PATRIMONIO

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este lunes, sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz recupere el Impuesto sobre el Patrimonio a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la Comunidad de Madrid en la batalla jurídica contra el Impuesto de solidaridad temporal de las grandes fortunas, que "en cualquier caso, tenemos que esperar a la pronunciación del recurso y es verdad que estamos estudiando todas las opciones, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

A preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa para presentar los datos de recaudación tributaria de Andalucía, sobre volver a instaurar el Impuesto sobre el Patrimonio, una vez que decidió bonificarlo al 100%, España ha insistido en que "estamos estudiando todas las opciones" tras argumentar que durante la vigencia del impuesto sobre grandes fortunas "lo que se recaude de Andalucía, al final va para las arcas del Gobierno".

"Estamos estudiando si recuperamos el impuesto o si lo dejamos como está", ha continuado indicando España en su reflexión, con el argumento de que "estamos viendo los pros y los contras y, cuando tomemos una decisión, se la haremos llegar".

La consejera ha defendido la decisión que tomó la Junta de Andalucía con el Impuesto sobre el Patrimonio al esgrimir que "entendíamos que era un impuesto injusto, que no existe en ningún otro país de la Unión Europea", con el añadido de que desde un punto de vista económico "ahuyentaba la inversión y el ahorro".

"En su momento el señor Rodríguez Zapatero también lo eliminó cuando gobernaba en España", ha recordado la consejera de Economía, quien ha apostado por "esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno andaluz", antes de reconocer que "todo indica que va a ser en la misma línea de lo resuelto para Madrid".

El Tribunal Constitucional (TC) avaló la semana el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros tras rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la corte de garantías indicaron a Europa Press que la mayoría progresista del Pleno aprobó por 7 votos contra 4 la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer.

La ponencia sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

El Constitucional desestimó los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.

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