Interior indemnizará a una familia de Almería a la que comunicó la muerte de su hijo 27 años después
SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL
El Ministerio deberá pagar 137.000 euros a la madre y hermanos de la víctima, que constaba como desaparecido pero había muerto en accidente de tráfico
La sentencia destaca la "excepcional duración del retraso" en identificar el cadáver y comunicar la muerte a sus allegados.
Remarca "la angustia y la incertidumbre por la falta de noticias sobre su paradero"
El Ministerio del Interior deberá indemnizar con 137.000 euros a una familia de Almería a la que comunicó con 27 años de retraso que su hijo, quien constaba como desaparecido, había perdido la vida en un accidente de tráfico.
La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso por responsabilidad patrimonial que solicitaba 304.000 euros de reparación, e indica que "pese a la dificultad de valorar el daño moral irrogado y que han padecido" los reclamantes, es procedente indemnizar con 65.000 euros a la madre del fallecido y con 18.000 euros a cada uno de sus cuatro hermanos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace hincapié en la "excepcional duración del retraso" en identificar el cadáver y comunicar la muerte a sus allegados al tiempo que remarca "la angustia y la incertidumbre por la falta de noticias sobre su paradero" que se produjo durante "tan dilatado periodo de tiempo".
Recoge para subrayar la dimensión del "daño moral padecido" la "imposibilidad" de su madre y de sus hermanos "de conocer las circunstancias del fallecimiento del ser querido", quien entonces tenía 24 años, y, dado el tiempo que ha transcurrido, "de la persona o personas involucradas en el accidente".
El objeto del pleito era discutir la cuantía indemnizatoria porque el Ministerio del Interior reconoció en un primer momento que se había producido, "efectivamente", una "falta de coordinación entre las bases de datos policiales de desaparecidos" y las de "cadáveres sin identificar a cargo de distintas unidades y servicios policiales".
Admitió que esta "falta de coordinación" había provocado un retraso "de 26 años y medio en la identificación del cadáver y su comunicación a la familia", en concreto, desde el 14 de diciembre de 1990 en que los allegados denunciaron su desaparición, hasta el 12 de junio de 2017 en que se comunicó la muerte a la familia.