30 años de trasvase, 30 años de polémica

La clave del problema está en que los regantes no quieren recibir menos agua de la que reciben en la actualidad de un trasvase que funciona desde hace más de 30 años. En su comienzo ya se calculó cuanta agua podía salir del Tajo y cuánta quedaba en él para que el río y su entorno no salieran perjudicados.

De esa manera, desde que se puso en funcionamiento en 1978, las aguas del Tajo -a través de este canal- han nutrido al Segura para regar lo que se conoce como "La huerta de Europa", el Levante español. Es una gran obra de ingeniería que conduce el agua a lo largo de 282 kilómetros de canales, acueductos y túneles. Éste es el agua que llega al Segura. Pero, ¿cómo se calcula cuánta debe quedar en el Tajo para que el río y su entorno no sufran?. Es lo que se conoce como el "caudal ecológico del Tajo".

Se toma como referencia la cantidad de agua por segundo que lleva el río a su paso por Aranjuez. Y, en la actualidad, no debe bajar de los 6 hectómetros cúbicos por segundo. El gobierno pretende modificar esa medida para que quede más agua en el Tajo: 7 hectómetros cúbicos a medio plazo y llegar a más de 8 y medio en 2027. Eso significa enviar menos agua a los regantes del Levante.

Almería, junto con el Levante español, son la huerta de Europa. Y lo que ahora mismo necesitan es agua. El Consejo Nacional del agua decidió a finales de noviembre un trasvase del Tajo al Segura en la que todas las comunidades estaban de acuerdo. Pero después se ha revisado ese texto, y sin nuevas consultas según los regantes, se ha recortado el caudal trasvasado a Alicante, Murcia y Almería en 105 hectómetros cúbicos, 78 para regadío y 27 para consumo. Por eso estalla esta protesta.

Están en juego, aseguran estos agricultores, 15.000 empleos que se podrían perder en el sector en un escenario de sequía. Además, los regantes afirman que el plan prevé un recorte mayor en el futuro, de hasta el 40 por ciento para 2027.

Por lo que se ha reabierto la guerra del agua entre las comunidades receptoras, Andalucía, Murcia y Valencia con distinto signo político pero todos contra el gobierno central.

La alternativa de usar agua desalada para el campo, que se les ha propuesto, ellos critican que supone costes superiores a 1 euro con 40 céntimos por metro cúbico para el agricultor, por encima del agua destinada a los hogares.