Los abogados de familia piden cambios legales para acelerar los divorcios de parejas con hijos menores

Unas 17.000 parejas en España esperan para poder divorciarse, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. La ley les obliga a negociar antes de interponer la demanda y esto provoca situaciones muy difíciles, sobre todo en las familias en las que hay menores. Es lo que denuncia la Asociación Española de Abogados de Familia, que ha celebrado un encuentro en Almería.

Hace un año entró en vigor una nueva legislación que obliga a las parejas a negociar antes de interponer la demanda, pero la Asociación Española de Abogados de Familia defiende que la resolución de los divorcios no debe demorarse, explica Sabina Galdeano, vocal de dicha asociación, que pide que esa ley se cambie cuanto antes. "Hay que ser rápidos en la solución porque si se mantiene la convivencia no desaeada los primeros perjudicados son los menores que están en en esa convivencia con su padre y su madre en la que se van a dar situaciones de tensión e incluso de violencia no deseada", advierte.

En la misma línea apunta la presidenta de la asociación, María Dolores López-Muelas Vicent, quien ve urgente esa reforma legal en los casos de familias con menores. Por ello, este colectivo de abogados ha acordado acudir al Congreso de los Diputados e iniciar una negociación con los representantes políticos para impulsar la modificación de la ley.

En este encuentro en Almería, los abogados de familia también han puesto de relieve que la lentitud de la Justicia y el colapso que sufren los juzgados están provocando que las rupturas familiares de alta conflictividad desemboquen en episodios de violencia machista, al obligar a las parejas a mantener una convivencia forzada que perjudica gravemente a los menores.

Las Jornadas de Derecho de Familia han sido organizadas por la AEAFA y el Colegio de la Abogacía de Almería.

López-Muelas ha alertado del "atasco muy grande" que padece la jurisdicción y ha aseverado que la falta de una respuesta judicial rápida y eficaz aboca a las familias a prolongar su vida bajo el mismo techo ante la imposibilidad económica de duplicar gastos como hipotecas o alquileres. "Nadie se quiere marchar del domicilio", ha señalado la abogada, lo que deriva inexorablemente en un incremento de insultos, vejaciones y amenazas. "Al final desembocamos en temas de violencia de género", ha sentenciado ante el auditorio.

Según ha dicho la letrada, se ha producido un desplome inédito del 25 % en la presentación de demandas de divorcio contencioso y del 22 % en las rupturas litigiosas de parejas de hecho con hijos. López-Muelas ha insistido en que este drástico descenso no obedece a un clima de paz social ni a un aumento de los pactos, ya que las demandas de mutuo acuerdo han caído un 3 %. La causa real es un "efecto embudo" originado por las nuevas trabas burocráticas y la imposición de los medios adecuados de resolución de controversias (MASC) como un requisito previo e indispensable para acudir a los tribunales.

"Progenitor incumplidor"

En la práctica, ha denunciado, estas medidas obligatorias favorecen de manera exclusiva al "progenitor incumplidor", quien se refugia en la normativa procesal para alargar los plazos y eludir obligaciones básicas, como el pago de las pensiones alimenticias o la autorización de tratamientos médicos urgentes.

Los principales perjudicados por este bloqueo institucional son los niños y adolescentes. Las relaciones "muy enconadas" que se ven forzadas a compartir espacio físico generan un destructivo conflicto de lealtades y una exposición continua a la hostilidad intrafamiliar.

A este escenario se suma la saturación de los juzgados de violencia sobre la mujer, que asumen cada vez más competencias transversales —como agresiones sexuales o sustracciones internacionales—, mermando su capacidad de respuesta inmediata.

Frente a esta situación de absoluta indefensión, la AEAFA ha trasladado el problema al Congreso de los Diputados, donde impulsa una proposición de ley destinada a modificar el articulado actual y garantizar el acceso directo a la Justicia. La iniciativa ya recaba el apoyo de múltiples grupos parlamentarios de distinto signo político.

"La lentitud de la justicia la paga el ciudadano", ha concluido López-Muelas, exigiendo dotaciones materiales reales para proteger los intereses de la infancia de forma autónoma.