135 organizaciones feministas convocadas ante el Supremo contra la impunidad de "las manadas"

Precisamente este viernes es cuando en el alto tribunal se celebra una vista pública en la que cinco magistrados escuchan la exposición de los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirmó las condenas dictadas por la Audiencia de Navarra. Tras esto, solo quedará que deliberen y emitan la sentencia definitiva.

Aunque se desconoce si el veredicto final se emitirá este viernes, diversas asociaciones feministas volverán a gritar 'No es abuso, es violación' en las calles, para criticar que hasta el momento los jueces hayan considerado que en los hechos acontecidos en Los Sanfermines de 2016 "se produjeron sin consentimiento de la víctima, pero sin que concurriera intimidación".

"Entre el abuso que vieron los jueces y la violación que vio todo el país, media la intimidación. Los jueces no vieron que la víctima estuviese intimidada. Y 5 hombres, si intimidan. Y nos intimidan a todas. Intimidan a cualquier mujer. Y no entendemos, al igual que gran parte de la ciudadanía, cómo se puede producir una violación en grupo sin que haya intimidación", argumentan las organizaciones en la convocatoria.

"Cuando una mujer no dice claramente un Sí, no acepta una relaciónexpresamente, sin miedo, es un no. No se cree a las mujeres y por eso gritamos #YoSiTeCreo", agregan.

"No queremos más manadas impunes, ni que se minimicen hechos tan graves que generan miedo e inseguridad en las mujeres. No queremos más manadas. La manada ya no es una, son muchas", subrayan. Desde estas organizaciones feministas piden un cambio de la jurisprudencia que "proteja a las mujeres" y que se "valore por igual la palabra de una mujer frente a la de un hombre".

La primera sentencia de La Manada, emitida por la Audiencia de Navarra, provocó varias movilizaciones por toda España en señal de protesta y contra "la justicia patriarcal". Asimismo, la polémica genera entorno a este fallo judicial hizo que el Gobierno convocara a expertos en derecho penal para proceder a una revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, unos trabajos que de momento no se han traducido en un cambio normativo reclamado tanto por el PSOE como por Unidas Podemos.