rechazo de la oposición
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Moreno cree que la reforma fiscal que plantea el Gobierno central "mete mano" a la autonomía de las comunidades

Autonomías y oposición han rechazado la propuesta del gobierno de modificar la fiscalidad para el año 2022.

Hacienda tiene especial interés en reformar el impuesto de sociedades y el de patrimonio y sucesiones.

Sánchez cree que es el momento de abrir el debate de la reforma fiscal que, en España, estudiará un comité de expertos.

CANAL SUR MEDIA 13 April 2021

El presidente de la Junta de Andalucía considera que la intención del gobierno de reformar la fiscalidad es inaceptable y asegura que quieren limitar la autonomía fiscal de las comunidades. En una entrevista en Telecinco denuncia que van a meter mano a la autonomía fiscal de las Autonomías. E insiste en que la "armonización" de que habla el gobierno es decirle a Madrid o Andalucía, donde el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99% "que nos lo van a subir". 

El presidente del Gobierno ha respaldado el "especial  interés" que ha mostrado su Ministra de Hacienda en subir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y  Donaciones en 2022.  Cree que el debate de la reforma fiscal es un debate necesario, no solo en España, sino que se está produciendo "en todo el mundo". Y ha vuelto a reiterar la propuesta del presidente de los EEUU, Joe Biden, de elevar el impuesto de sociedades a nivel mundial para "acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes" en una economía cada vez más globalizada. "España no es una isla, queremos estar en los debates y aportar nuestra perspectiva", ha remachado.

COMITÉ DE EXPERTOS

Un comité de expertos analizará la reforma fiscal que quiere impulsar el gobierno para que entre en vigor el próximo año. El ejecutivo apuesta por una subida de impuestos para que la presión fiscal españolas se acerque a la media europea y para que los impuestos autonómicos no queden vacíos de contenido y permitan recaudar.

Pero los impuestos de sucesiones, patrimonio y donaciones son autonómicos y las Comunidades lo aplican o no y según sus criterios, por eso algunas autonomías, y no solo Andalucía, ya han protestado. El PP pide que haya autonomía fiscal para que los territorios la ejerzan y, mientras las derechas rechazan estas subidas de impuestos, la izquierda no lo ve mal.

Sobre el rendimiento de algunos impuestos, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades, Hacienda cree que su reforma debe ser "prioritaria" en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Sucesiones, Patrimonio y Donaciones.

En este sentido y en clara referencia al Impuesto de Patrimonio en Madrid, que prácticamente es inexistente, Montero indicó que hay que evitar que, a nivel autonómico, se dejen "vacíos de contenido" algunas figuras fiscales "como ha sucedido en algunas comunidades".

Sobre esto, Montero ha destacado que cada vez toma más fuerza en el debate internacional el papel de la fiscalidad sobre la riqueza y una cierta armonización en el gravamen del Impuesto sobre Sociedades. Todo ello siempre bajo la premisa de que cada cual contribuye según su capacidad y recibe según su necesidad.

Durante el acto de constitución del comité, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de tener un sistema tributario eficaz, sólido y progresivo, que permita sostener e incluso fortalecer el Estado de Bienestar como ha ocurrido durante la pandemia. Montero también ha resaltado la importancia de mirar más allá y avanzar también en políticas redistributivas que ayuden a combatir la pobreza desde su origen.

Asimismo, la ministra de Hacienda también ha subrayado que las propuestas del grupo de trabajo deben tener una conexión con la financiación autonómica y local, otras de las reformas prioritarias del Ejecutivo para garantizar que las administraciones territoriales cuentan con recursos suficientes para prestar unos servicios públicos de calidad.

En cualquier caso, las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo. Es decir, que sean medidas compatibles con la recuperación económica tras la pandemia y tengan en cuenta el compromiso de España con la consolidación fiscal.

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