PARLAMENTO ANDALUZ
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Aprobado el decreto de simplificación para fomentar la actividad productiva en Andalucía

Ha contado con los apoyos de PP, Cs y Vox

PSOE y Adelante Andalucía lo recurrirán al Constitucional

2 April 2020

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado, en una sesión celebrada este jueves, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, que ha contado con los apoyos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y el rechazo del PSOE-A --que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional-- y de Adelante Andalucía.

Además, tanto PP-A como Cs y Vox han impedido con sus votos que el decreto se tramite como proyecto de ley con carácter urgente, como había solicitado los grupos socialista y de Adelante Andalucía.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha defendido este decreto apelando a la "situación inédita y de extraordinaria gravedad, de la que no existen precedentes", que se vive actualmente por la pandemia del Covid-19, que está produciendo "un enorme impacto en nuestra economía".

Ha apelado a los grupos a valorar "más si cabe", en el momento actual, "la necesidad de contar con una mejor regulación económica" como la que, en su opinión, trae aparejada este decreto, que busca hacer frente a "la maraña burocrática y el exceso de legislación" que constituyen "una pesada carga para el crecimiento económico de una región".

Del contenido del decreto, ha destacado cuestiones como la modificación de la Ley de 2007 de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía para "reforzar el papel" de la Agencia de Defensa de la Competencia, que pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica.

Igualmente, ha recordado que este texto revisa la Ley de Comercio Interior de Andalucía de 2012 y el decreto de 2014 encargado de regular la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), con el fin de "flexibilizar y adaptar la oferta a la creciente demanda generada por la industria turística de la región".

En lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se modifican ocho leyes y una disposición reglamentaria a fin de "beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la participación en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular".

De igual modo, el decreto de simplificación incluye cuatro modificaciones de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), si bien "no contempla la relajación de la seguridad jurídica", según ha apostillado Velasco.

El consejero ha concluido que este decreto, junto con las medidas para agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, "sientan las bases de una reforma más profunda y con vocación de permanencia en el tiempo que se irá aplicando de forma progresiva y al amparo del Plan para la Mejora de la Regulación, con el objetivo último de reorientar el modelo productivo y hacerlo más competitivo y sostenible".

APOYOS DE PP-A, CS Y VOX
En el turno de los grupos, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha advertido de que este decreto "no será perfecto pero facilita mucho" el crecimiento de la economía y la generación de empleo una vez pase la crisis sanitaria del coronavirus. "Se trata de eliminar burocracia y facilitar el camino a autónomos y pymes", ha asegurado.

Además, se ha mostrado contraria a que la tramitación de este decreto se haga por proyecto de ley, lo que supondría "ocho meses debatiendo sobre esto" cuando esta normativa es "urgente e imprescindible". "Necesitamos una vacuna en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito económico, y para esto hay que dar herramientas a los que sostienen la economía de Andalucía", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mónica Moreno ha asegurado que este decreto "no es una solución definitiva, pero sí hace frente a la maraña burocrática" y supone "un paso más para transformar la comunidad en un lugar idóneo para la inversión".

Ha indicado que este decreto viene a eliminar "el exceso" de normas y, por tanto, va a facilitar la generación de nuevos empleos y reducir el coste a aquellos que quieren incorporar nuevos trabajadores, toda vez que ha criticado que en Andalucía haya que esperar 162 días para recibir una licencia de obra. "Con estos plazos es imposible competir", ha reprochado.

Por parte de Vox, su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha saludado las "buenas intenciones" del Ejecutivo andaluz y ha valorado positivamente este decreto "en su conjunto", porque "todo lo que sea simplificación administrativa, agilizar trámites y procedimientos", desde su grupo lo van a "ver siempre en términos positivos".

No obstante, ha apostillado que algunas cuestiones "pueden ser mejorables y objeto de matización", y desde Vox habrían preferido conocer, antes de este decreto, el resultado de las auditorías puestas en marcha por la Administración autonómica para su sector instrumental y, así, las "deficiencias y posibles mejoras" a aplicar en ese "entramado". En ese sentido, ha anunciado que su grupo trabajará en Pleno o en comisiones por "mejorar algunos puntos" de este decreto.

RECHAZOS DEL PSOE-A Y ADELANTE

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Angela Aguilera, ha considerado que este decreto es "rechazable en las formas y en el contenido", y se ha preparado desde el Gobierno con "unas prisas que son malas consejeras", así como "sin consenso social".

Ha defendido además que el decreto se tramitara como proyecto de ley para posibilitar "que comparezcan los agentes económicos y sociales" y se produzca en sede parlamentaria "un debate que en este momento no vamos a poder tener en toda su extensión" sobre un decreto que, en su opinión, viene a "desmantelar lo público y hacer de Andalucía una barra libre de especuladores", según ha zanjado.

En representación del Grupo Socialista, su portavoz adjunto Manuel Jiménez Barrios ha reprochado al Gobierno que, "con la gente confinada en sus casas" a cuenta del coronavirus, traigan a la Cámara "un decreto que no tiene nada que ver con la situación actual, o la roza", y que es "una norma plagada de trampas".

Ha afirmado que "no hay precedentes de un atropello de estas características" y el decreto mete a Andalucía "en una grave inseguridad jurídica", además de que "viola el principio constitucional de seguridad jurídica" y "no se adecua" al requisito de "urgente necesidad" que justifica la elaboración de un decreto.

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