Andalucía, primera comunidad con una ley que regula la muerte digna

Mientras que PSOE e IU respaldaron los 33 artículos de la normativa, el PP votó en contra de tres de ellos, argumentando que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia, el "respeto" a la libertad individual y pidió una "clara" regulación de los comités de ética.

La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda "acortar su vida".

La nueva ley solventa situaciones como la vivida por Inmaculada Echeverría en 2007, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente de la citada orden religiosa y donde permaneció paralizada diez años la enferma con distrofia muscular, a otro centro público en el que se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, reconocío que este caso ha sido una de las inspiraciones de la norma, que ha calificado de "vanguardista, valiente y sensible". Montero destacó que "la ley traspasa nuestras fronteras y convierte a Andalucía en referente legislativo desde una posición respetuosa".

La nueva norma tiene como objetivo principal que prevalezcan los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, incluso de raíz religiosa.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar las decisiones que éste tome sin imponerle sus propias opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. Tal y como ha defendido la titular de Salud, la norma recoge el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado, y a estar acompañados de sus familiares durante el proceso de la muerte.

Ana María Corredera (PP-A) expresó su "decepción" por la "falta de diálogo y postura inflexible" de la Junta en el trámite parlamentario, y ha argumentado que hay "suficientes" instrumentos para ayudar a morir dignamente. Por su parte, José Manuel Mariscal (IU) ha calificó de "histórico" el momento por la capacidad legislativa de la comunidad y el desarrollo de uno de los artículos del Estatuto, el que regula los derechos de la ciudadanía.

 Más de seis meses después, ha sido el Ejecutivo de Zapatero el que anunció que aprobará en marzo del año que viene una Ley de  Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de  los pacientes en situación terminal. El encargado de anunciarlo el  vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez  Rubalcaba, precisó que "no es una ley de eutanasia".

Rubalcaba aseguró que la nueva ley garantizará los derechos del paciente "por supuesto", pero también  los de los familiares y los médicos, insistiendo en diferenciar estas  situaciones de la eutanasia porque ésta "es una decisión de alguien  que sencillamente por la razón que quiera decide morirse".