PSOE y PP rechazan devolver la reforma del Código Penal

El PSOE y el PP se unieron hoy en el Congreso de los Diputados  para rechazar la devolución al Gobierno del proyecto de ley para  reformar el Código Penal, que habían solicitado ERC-IU-ICV, PNV y  BNG, a los que se unió también Na-Bai. No obstante, en el primer  debate en la Cámara Baja del texto del Ejecutivo, todos los grupos  mostraron su voluntad de acuerdo para modificar una normativa penal  vigente desde 1995, que todos reconocieron como "ineficaz".

Antes de que los portavoces defendieran sus enmiendas de  totalidad, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomó la  palabra explicar que con las reformas propuestas, el Gobierno  pretende "dar respuesta a cambios habidos en la sociedad".

En su opinión, se había hecho "imprescindible colmar lagunas,  perfeccionar algunos tipos penales" y establecer figuras nuevas que  facilitasen la lucha contra determinados delitos. Todo ello adoptando  una nueva filosofía que sitúa a la víctima en el centro, como "una  variable a tener presente en el diseño de la elaboración de leyes más  equilibradas y justas".

"Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar  reflexivamente estos cambios, con prudencia y con la distancia  necesaria", afirmó el ministro, para después hacer hincapié en que  las normas penales "no pueden hacerse con el corazón, sino con la  razón", para que puedan ser "expresión ponderada y conjunta de la  dignidad de todos".

Además, celebró la "acogida razonable" que el proyecto del  Gobierno ha tenido entre los grupos y se dirigió a aquellos que han  apoyado su tramitación. Del PP, elogió que dé "continuidad al  espíritu de acuerdo en materia de Justicia"; de CiU, que mantenga "un  diálogo muy fructífero"; a CC le agradeció sus "planteamientos  constructivos" y a Na-Bai (que finalmente apoyó las enmiendas a la  totalidad), UPyD y UPN, su "disposición al diálogo".

Caamaño se mostró convencido de que su iniciativa se verá  "enriquecida" con las aportaciones de los grupos parlamentarios y  garantizó la disposición del Gobierno al diálogo, al que quiso sumar  también a los grupos que han presentado un rechazo total inicial al  texto.

El primer diputado en defender su 'no' al texto del Ejecutivo fue  Francisco Jorquera, por el BNG, quien rechazó la "filosofía general"  del proyecto, aunque reconoció que no discute que algunas reformas  planteadas contienen "aspectos positivos".

En concreto, el diputado gallego criticó que se introduzcan  algunas reformas bajo "el paraguas de la mutabilidad social", cuando  en realidad se están abordando "sin reflexión suficiente" y "al calor  de acontecimientos que provocan conmoción social".  

Clases sociales
Como ejemplo, se refirió a libertad vigilada y el "endurecimiento  de la represión de numerosos delitos", algo que, en su opinión, viene  a consolidar una tendencia en nuestro Código Penal. Mientras tanto,  denunció que se da un "tratamiento benigno" a otros delitos  económicos, urbanísticos, medioambientales o contra la  Administración, algo que, a su juicio, demuestra que "en materia  penal también hay clases".

Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría,  denunció que con esta reforma el Gobierno pretende "introducir de  tapadillo la cadena perpetua". En su opinión, es "más honesto" lo que  hace el PP, al proponer la prisión permanente revisable, que lo que  hace el Gobierno, sin "llamar a las cosas por su nombre".