El Supremo expulsa a Garzón de la Justicia por las escuchas de Gürtel

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del  Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana  a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco  antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante  serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, ha dado  a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez  Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez  Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena  --instructor del caso de los cobros de Nueva York-- y Luciano Varela  --instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes  del franquismo--.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia  Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un  supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de  escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.  Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado  contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de  prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas  careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez  declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el  derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada  una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en  cumplimiento de la más estricta legalidad".

El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario  imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella  inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años  de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y  Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo  Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y  15 años.

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no  presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al  defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la  red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al  terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado  y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el  'pinchazo' de las entrevistas entre presos y abogados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido  cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos  otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por  una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del  franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros  que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades  por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.