Los acusados por desplome en A-7 dicen que se cumplieron normas y revisiones

Durante la primera sesión de la vista oral, que se ha celebrado durante la mañana y la tarde de hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, los imputados han subrayado lo "imprevisible" que era calcular un suceso de estas características.

Uno de los técnicos de prevención ha declarado que durante toda la mañana del día del suceso se realizó una revisión a la cimbra, la estructura metálica que se desplomó.

La estructura, ha dicho, fue visionada en su totalidad, incluidas las soldaduras que estaban a la vista el día del siniestro.

El técnico ha resaltado que la semana anterior se realizó también una revisión de las unidades de atornillamiento, y que los planes de seguridad no contemplan hechos como el que ocurrió.

En la causa figuran once imputados después de que el juez de lo Penal 1 de Motril, Sergio Romero, haya apartado del proceso a Juan Martín Enciso, el entonces jefe de demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía oriental, atendiendo la petición realizada por su abogado en base a la falta de legitimación de CCOO para ejercer la acusación popular, dado que el fiscal no acusaba a esta persona.

El primero de los acusados en declarar ha sido el ingeniero director de la obra, que ha explicado al juez que la caída de la cimbra cuyo desplome causó las seis muertes "no era previsible" y que no es "normal" que se registren este tipo de siniestros.

En este sentido, ha defendido su actuación y ha explicado que se hacían revisiones durante los avances de estas estructuras siguiendo los protocolos previstos, aunque ha reconocido que éstas no eran tan "exhaustivas" como cuando se producían cargas o descargas de las mismas y no únicamente simples desplazamientos.

También ha precisado que una de sus misiones es la de comprobar que la obra se realiza según el proyecto y lo estipulado.

Por su parte, Juan M.D., que ejercía entonces como coordinador de seguridad y salud, también ha defendido su actuación y ha señalado que llegó a parar hasta en cinco ocasiones los tajos de la obra al detectar posibles riesgos de caída en altura, circunstancia que puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Ha insistido en que una caída como la que se produjo no era previsible y que un supuesto trágico como el ocurrido ni tan siquiera tenía cabida en el plan de emergencia de la obra, y ha apuntado que no se le trasladó ningún tipo de incidencia sobre la cimbra.

Por su parte, el responsable legal de la UTE encargada de los trabajos ha apuntado que en la memoria del proyecto existía una referencia a la cimbra que apuntaba que ésta se montaría en base al manual de instrucciones del fabricante.

Así lo ha ratificado también el jefe de obra de la UTE, José Alejandro S.C., que ha apuntado que las revisiones se realizaban de forma regular e incluso en mayor número a las marcadas en el manual de instrucción, de lo que informaban en las reuniones de seguridad.

Por su parte la técnico en prevención de riesgos laborales ha señalado que de forma "continúa" se realizaba una revisión de la maquinaria, que éstas se encontraba al día y ha precisado que en las distintas inspecciones realizadas por los sindicatos jamás se informó de ninguna anomalía.

El fiscal pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada una de las once personas a las que acusa.

Previamente al juicio, los sindicatos CCOO y UGT, personados como acusación popular, se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para reclamar que los hechos no queden impunes.