Griñán defiende al director general imputado por la jueza Alaya

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la Fiesta de las Migas de la localidad sevillana de Lora del Río, Griñán ha señalado que "de todo aquello que le dice que pudo hacer y no hizo he de recordar que él solamente se limita a hacer una orden de pago de un expediente de cuatro años antes de su llegada".

Preguntado por la labor de Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo, el presidente de la Junta ha eludido pronunciarse y ha indicado: "Estoy hablando del actual director de Trabajo, que es el director de Trabajo que tengo".

Ha resaltado la "colaboración absoluta" de la Junta con la Justicia "desde hace tiempo" y ha insistido en que a diferencia del PP, que "sienta a jueces en el banquillo", al Gobierno andaluz le interesa que "se sienten los culpables" así como el esclarecimiento de los hechos y el reintegro de todas las cantidades.

Rivera ha sido imputado junto a su antecesor en la Dirección  General de Trabajo, Juan Márquez. Ambos han ocupado esta  responsabilidad durante la actual legislatura y sucedieron en el  cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados  en el caso. La magistrada Mercedes Alaya les imputa a ambos en la  causa por no haber detectado la presencia de 'intrusos' en el ERE de  la empresa Surcolor.  

Guerrero ha sido citado por la jueza el próximo 23 de febrero a las 10:30 horas para declarar en calidad de imputado, después de que ayer testificara ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la que confesó que sus decisiones no eran "unipersonales" sino "compartidas" con los consejeros.

Imputados están también el exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo, consultoras que tramitaron los ERE y que llegaron a recibir comisiones del 25 por ciento por su trabajo.

En el auto también se imputa a los despachos de abogados Garrigues y Villasís por participar en la tramitación de los ERE; así como a dos dirigentes de CCOO en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

En el escrito se requiere a la Agencia IDEA que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, desde el 2001 hasta el 2010.

A raíz de la petición en un auto anterior de la jueza para que la Junta investigara las ayudas concedidas en esas consejerías, se ha puesto de manifiesto que los créditos definitivos de las aplicaciones presupuestarias correspondientes a transferencias corrientes y de capital que han servido de financiación para el IDEA ha sido de 4.315 millones en el período del 2001 al 2010.

La jueza pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo período.