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abascal explicó sus exigencias

Vox plantea que Andalucía vuelva a ser una región, la devolución de las competencias en educación y sanidad y el cierre de Canal Sur

Pide una auditoría para "controlar el fraude" en el Plan de Empleo Rural (PER)

Sitúa como "prioritarias" la derogación de las leyes autonómicas de memoria histórica y contra la violencia de género

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su partido no tiene ninguna voluntad de entrar en el Gobierno de Andalucía porque no quiere "cargas ni cargos" y el objetivo es que se produzca un cambio para acabar con 36 años de gobierno socialista.

Para Abascal el mejor modo de luchar contra el Estado de las Autonomías es "estar dentro" de ellas y ha situado como prioritario para negociar con PP y Cs en Andalucía una reforma del Estatuto andaluz para empezar a devolver al Estado competencias en educación y sanidad.

No se trata de "utilizar dinamita" para acabar con las autonomías, sino que hay que participar en el sistema democrático para iniciar los cambios, ha explicado.

Dentro de estos cambios sitúa la reforma estatutaria para que Andalucía deje de ser una "realidad nacional" y se convierta en "región autónoma".

Entre sus exigencias ha situado como "prioritarias" la derogación de las leyes autonómicas de memoria histórica y contra la violencia de género y la eliminación del impuestos de sucesiones, "lo que afecta a la vida diaria de los andaluces", ha resumido.

Las medidas presentadas por Vox incluyen el cierre de Canal Sur, porque su posicionamiento frente a las televisiones públicas autonómicas es que son "un servicio público prescindible que fundamentalmente se ha convertido en un servicio de propaganda" para los partidos que gobiernan.

"El derecho a la información se produce a pesar de ustedes", ha dicho Abascal en dirección a los periodistas, tras lo que ha considerado que los medios no están garantizando en estos momentos el derecho a la información, aunque "no todos son iguales", ha puntualizado.

También ha pedido una auditoría para "controlar el fraude" en el Plan de Empleo Rural (PER), un estudio detallado sobre organismo "superfluos" en la administración y "medidas de protección para el modo de vida rural", en defensa de la caza y la tauromaquia.

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