Montero justifica la subida de impuestos "a los que menos han contribuido durante la crisis"
Montero ha subrayado, en un foro organizado por el grupo periodístico Joly en Sevilla, que las grandes corporaciones españolas "tributan menos que las medianas y pequeñas empresas", por lo que considera "de justicia revertir esta situación y que quienes tienen el mayor beneficio empresarial sean quienes más aporten".
"El impuesto de transacciones financieras ayudará a quitar esa mala imagen que tienen las grandes sociedades y las entidades bancarias por el papel que jugaron durante la crisis, en la que no tuvieron la contribución que debieron de tener", ha apostillado.
Ha insistido en su apuesta por "subir los impuestos a los que menos han contribuido durante la crisis" y ha recordado que la tasa a las transacciones financieras será "finalista", pues financiará las pensiones.
La ministra ha incluido las nuevas medidas fiscales en una política económica del Gobierno orientada "a que el crecimiento económico no se estanque, recuperar los derechos de la gente, perdidos durante la crisis y recuperar la confianza en las instituciones perdida durante la crisis".
Ha enfatizado que la "transformación fiscal" que promueve el Gobierno "es profundamente progresiva", permitirá aumentar los ingresos y sólo afectará al 0,5 por ciento de los contribuyentes, los más pudientes y quienes, en su opinión, no aportaron el esfuerzo fiscal que debieron durante la crisis.
Para Montero, la nueva política fiscal del Gobierno "empoderará" a la clase media, "que ha sufrido un estancamiento considerable o se ha reducido durante la crisis para pasar a las clases desfavorecidos" y auxiliará "a los más desfavorecidos".
"Las políticas sociales no son un gasto innecesario o a fondo perdido, sino una potente inversión que garantiza la igualdad de oportunidades y eficiencia económica", ha aseverado.
Ha descartado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 incluyan más subidas fiscales porque, ha remarcado, la Comisión Europea ha dado un "notable" al esfuerzo fiscal estructural del 0,4 por ciento del PIB y ha entendido que un ajuste más intenso "podría producir pérdida de empleo y de la recuperación de la actividad económica".
