Los sueldos de los funcionarios subirán un 2%

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que el salario de los empleados públicos subirá un 2% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, porcentaje que cada administración podrá aumentar en un 0,3% con los fondos adicionales y que además podría verse incrementado en hasta un 1% en caso de que el PIB de 2019 creciese un 2,5%. De momento, lo que se ha aprobado este martes es la subida fija del 2%. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado que habrá que esperar al mes de mayo para conocer el dato de PIB de 2019. La previsión del Gobierno es un 1,8%, con lo que no se espera ningún alza adicional de los salarios por ese lado.

Darias ha asegurado que la subida salarial de los empleados públicos era un tema "absolutamente prioritario para el Gobierno" y uno de los primeros compromisos que quería cumplir el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno estuviera en plenas funciones.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los empleados públicos son una "prioridad" porque son "la base del Estado de Bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos".

La subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC.OO. y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3% para 2020 (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales).

CSIF, UGT y CCOO han celebrado que el Gobierno haya aprobado la subida salarial. Han coincidido en recordar que, con la aprobación de esta subida, el Gobierno da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el exministro de Hacienda y Función Pública del PP, Cristóbal Montoro, con las principales organizaciones sindicales.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.

El objetivo de esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.

La declaración supone una "respuesta" al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama "acción urgente" para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.