Un largo proceso judicial que comenzó hace nueve años

Todo empezó con el ERE de Mercasevilla. El ex director de Trabajo, Javier Guerrero, puso en la pista a la jueza Mercedes Alaya: contó que había otros ERE similares. Y lo hizo con una expresión que acaparó titulares y portadas. Aunque en el juicio, lo negaba. "Nunca he dicho lo del fondo de reptiles, no ha salido de mi boca. Y se ha tergiversado y ha servido para pensar que aquí teníamos unos fondos reservados", declaraba en la vista oral. 

A partir de ahí, Alaya abrió la macrocausa de los ERE. Su tesis era que la Junta creó "un sistema de ayudas ilegal, para darlas, con dinero público, y sin control". Todo esto, durante diez años, entre 2001 y 2010, manejando 855 millones en total.

Enfrente, la tesis de la Junta que aseguraba que el sistema, aprobado por el Parlamento en cada presupuesto, era legal. Como sostenía el expresidente Manuel Chaves durante el juicio "era la ley, era la ley. Y por definición, una ley no puede ser ilegal".

Según Alaya, los 855 millones eran ilegales. La Junta insistía en que el 85 por ciento del dinero fue para 6.500 trabajadores cuyas prejubilaciones nadie ha cuestionado; y calcula que 140 millones se dieron de forma fraudulenta. José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta, dijo a la salida de su declaración ante el Supremo que "Yo no no creo que hubiera un gran plan. Hubo un gran fraude. Y eso significa que algunos controles pudieron fallar".

Ya están juzgados los altos cargos que pusieron en marcha y mantuvieron este sistema de ayudas. Pero aún están en investigación las más de 150 empresas que las recibieron y las sobrecomisiones cobradas.