El Gobierno aprueba las tasas 'Google' y 'Tobin'
La 'tasa Google' es un impuesto que grava las empresas digitales con sede en el extranjero
La 'tasa Tobin', por su lado grava las transacciones digitales
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los proyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente, y que iniciarán ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada 'tasa Google' se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal".
Celaá ha destacado que España será el primer país de la UE que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, Celáa ha explicado que, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, se gravará el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
El nuevo impuesto se dirige por tanto a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto, ha matizado Celáa, quien ha apuntado que la liquidación será trimestral y que el Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
Igualmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, que busca también la "equidad" del sistema, según Celaá.
La portavoz del Gobierno ha indicado que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera "conveniente" establecer a nivel nacional.
Siguiendo el modelo francés, se someterá a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Por otra parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, su portavoz, Isabel Celaá, ha recordado que la reforma afecta a los aforamientos recogidos en la Constitución, esto es, al presidente del Gobierno y sus ministros, así como a diputados y senadores.
La portavoz ha señalado además que es "para aquellos delitos vinculados con el estricto ejercicio de su cargo" y sobre la posibilidad de ampliar la limitación de aforamientos a otros cargos, como jueces y fiscales, ha dicho que "se abordarán un poco más tarde".
"Esperamos que la Cámara sea sensible y apruebe este proyecto, que sitúa a España en parámetros similares a otros países, como Francia, Austria, Dinamarca o Noruega", ha dicho Celaá, quien ha destacado que el anteproyecto de ley cuenta con el informe positivo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
En ese sentido y a preguntas de los periodistas, Celaá ha remarcado que habrá interlocución con el PP, como "no podía ser de otra manera", porque se necesita la mayoría cualificada de la cámara para llevar a cabo la reforma constitucional.
El anteproyecto aprobado por el Ejecutivo tiene un artículo único que afecta a los artículos 73 y 102 de la Constitución, e incluye tres disposiciones para su entrada en vigor y adecuación de las normas.
La reforma requiere del apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que necesita del apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta.