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Canal Sur


El artículo 155 de la Constitución permitiría al Gobierno central sustituir a la Generalitat

El artículo 155 de la Constitución permitiría al Gobierno central, en protección del orden constitucional, ejercer en lugar de un ejecutivo autonómico determinadas competencias, las que considere necesarias para defender el interés general y que se cumpla la ley, aunque siempre con autorización del Senado.

11/10/2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy el envío de un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare sí ha declarado la independencia de Cataluña, y ha recordado que este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del citado artículo.

El 155 no prevé la suspensión directa de la autonomía, sino que abre un amplio campo de posibles medidas, como puede ser, por ejemplo, la sustitución del propio Puigdemont al frente del ejecutivo catalán, así como la asunción de las competencias en materia de orden público.

La aplicación de este precepto constitucional podría llegar incluso, según algunas fuentes, a la pérdida de la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para Puigdemont, circunstancia que, a su vez, podría facilitar la acción penal contra él desde la Audiencia Nacional o incluso el Supremo.

Literalmente, el artículo dice que, "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

"Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas", añade.

La aprobación de las medidas que el ejecutivo de Mariano Rajoy presente ante el Senado en aplicación del citado artículo puede llevar varios días, pues requiere una votación favorable por mayoría absoluta de la cámara

LOS PASOS

El artículo, recogido en el Título VIII de la Carta Magna, es breve y consta de dos únicos puntos:

1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Una vez que el presidente del Gobierno ha tomado la decisión de invocarlo, los pasos a seguir vienen recogidos en el artículo 189 del reglamento del Senado.

Son cinco puntos que se indican a continuación:

1.- Si el Gobierno, en los casos contemplados en el artículo 155.1 de la Constitución, requiriese la aprobación del Senado para adoptar las medidas a que el mismo se refiere, deberá presentar ante el presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta.

2.- La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión conjunta en los términos previstos en el artículo 58 del presente reglamento.

3.- La Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, requerirá, por medio del presidente del Senado, al presidente de la comunidad autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos.

4.- La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.

5.- El pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo.

Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores.

Aunque hasta ahora no se ha activado nunca y su contenido siempre ha sido muy polémico, los juristas recuerdan que el precepto se inspira claramente en la figura de la llamada "coerción federal" (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, que tampoco se ha aplicado nunca.