El defensor de Griñán alega que el informe de la intervención era ambiguo sobre la legalidad de las ayudas
Cree que a su cliente se le atribuye indebidamente pasividad ante hechos de los que además no había sido informado
En su informe final, el letrado que representa al expresidente Griñán ha pedido una sentencia absolutoria por lo que considera debilidad en las pruebas aportadas contra su cliente por las acusaciones del proceso.
Su argumento principal es que Griñán no pudo impedir las irregularidades porque desconocía que existieran y por lo tanto, no pudo actuar de modo que no se siguieran cometiendo. Ha rechazado que el expresidente tuviera que inferir la existencia de irregularidades por algún otro tipo de indicios, ya que en los informes que se le remitieron no se reflejaban prácticas ilegales.
El abogado ha señalado también que hoy por hoy se puede saber que en la gestión del programa 31L podrían haberse producido acciones contrarias a la ley, pero que en su momento nadie detectó menoscabo del dinero público ni riesgo de que tal cosa pudiera estarse produciendo.