El tribunal de los ERE hace pública su sentencia
Este martes, a las 12.30, procuradores y acusados están citados en la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia del primer y más importante juicio de la macrocausa de los ERE.
La pieza política de los ERE ha sentado en el banquillo a los ex presidentes andaluces, Chaves y Griñán, y a otros 19 ex altos cargos.
El tribunal ha tardado casi un año en redactar el auto, que tiene más de 1700 folios.
Día clave pare los 21 altos cargos enjuiciados. Chaves, y otros cinco acusados, sabrán, hoy, si son, o no, inhabilitados profesionalmente. Griñán, y otros 14, están pendientes, además, de si entran, o no, en prisión. Llevan un año esperando esta sentencia. Y antes, estuvieron otro año completo sentados en el banquillo.
Han sido juzgados por poner en marcha y mantener un sistema de ayudas que las acusaciones consideran ilegal. La mayoría no está acusado de desviar dinero público a sus bolsillos. Fiscalía y Partido Popular suscriben la tesis de la jueza Alaya, que abrió la causa. Aseguran que la Junta creó "un sistema de ayuda ilegal, para darlas, con dinero público, y sin control". Y todo esto, durante diez años, entre 2001 y 2010, manejando 855 millones de euros en total.
El fiscal Manuel Fernández aseguraba durante el juicio en ese sentido que "la decisión consciente de los encausados de no ver más allá, hizo que no se hablara de menoscabo" e insistía en que "el sistema era injusto y arbitrario". Enfrente, la tesis de la Junta: el sistema, aprobado por el Parlamento, era legal. Y no hubo complot.
El expresidente Manuel Chaves defendió durante el juicio que ese sistema, que figuraba en los presupuestos de la Junta de Andalucía año a año y que fue, por tanto, aprobado por el Parlamento "era la ley, era la ley. Y por definición, una ley no puede ser ilegal". Su exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, defendía en el mismo sentido que "no puedo aceptar que un consejero esté organizándose para cometer fraudes". Y el también exconsejero Francisco Vallejo, apuntaba al, segúen él, "hecho insólito" de que se hubieran puesto de acuerdo tantas personas para crear ese sistema.
Los acusados sí reconocen, al menos así lo hizo el expresidente José Antonio Griñán, que con este sistema de ayudas, pese a ser legal, se cometieron fraudes. "Yo no no creo que hubiera un gran plan. Hubo un gran fraude. Y eso significa que algunos controles pudieron fallar", llegó a decir el expresidente.
Sin embargo, el dinero estafado, y las personas que supuestamente habrián cometido el fraude, aún no han llegado a juicio. Aún está todo en instrucción, y están prescribiendo algunas de las ayudas. Alaya centró su investigación en los altos cargos, a los que llamó "la cúspide de la pirámide", a quienes señala como creadores y mantenedores de este sistema de ayudas.
Esta sentencia es de gran complejidad técnica y jurídica. Y, en palabras del Tribunal, hay que decidir sobre aspectos que no tienen jurisprudencia. No sólo eso, sino que marcará los múltiples juicios que quedan de esta causa. La mayoría de los altos cargos que aquí han sido juzgados, no podrán serlo en otros juicios por el principio de "non bis in ídem", es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Otros, como Guerrero o Antonio Fernández, sí tendrán que sentarse en el banquillo de nuevo.
