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Arranca la comisión de investigación de la Faffe

Para aclarar el uso de dinero público en clubes de alterne con tarjetas de crédito de la Faffe

Diaz y Griñán ya han avisado de que no han recibido notificación alguna

La ministra Maria Jesús Montero, también llamada a declarar, ha rehusado acudir

El PSOE ha denunciado el uso "indecente" del Parlamento en plena campaña electoral

CANAL SUR MEDIA 7 noviembre 2019

Con numerosas incógnitas, este jueves comienzan en el Parlamento de Andalucía las comparacencias en la Comisión de Investigación para aclarar el uso de dinero público en clubes de alterne con tarjetas de crédito de la Faffe, la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Este jueves, han sido llamados tres ex presidentes de la Junta: los socialistas Manuel Chaves, Jose Antonio Griñán y Susana Díaz. Díaz y Griñán ya han avisado de que no han recibido notificación alguna y no acudirán. Igualmente, la ministra Maria Jesús Montero, también llamada a declarar, ha rehusado acudir.

La ronda de comparecencias la ha abierto Manuel Chaves, que finalmente ha abandonado la comisión. Chaves se ha acogido a su derecho a no declarar y ha alegado que su citación se debía la "manipulación e instrumentalización" electoral.

A continuación estaba citado su sucesor en el cargo José Antonio Griñán, quien tampoco ha recibido la notificación. Así lo ha hecho saber de modo que tampoco estará presente. La que fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha comunicado a la comisión que comparecerá cuando le llegue en tiempo y forma la notificación. Sostiene que hasta la pasada tarde no la había recibido.

Y por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha trasladado su negativa a la Cámara. Aporta un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación de ámbito autonómico.

Ese informe es similar al que presentó en mayo del 2016 la entonces ministra de Empleo Fátima Bañez, del PP, para no comparecer ante la comisión de investigación sobre los cursos de formación creada también en el Parlamento de Andalucía.

Entre tanto, la Junta Electoral está estudiando un recurso del PSOE en el que pide que Canal Sur no emita, como está previsto, las comparecencias de la Comisión de Investigación de la FAFFE.

A la espera de saber quién finalmente acude, los grupos han discutido sobre la conveniencia o no de estas comparecencias en plena campaña electoral.

El PSOE ha intentado hasta última hora el aplazamiento de la comisión de investigación hasta después de las elecciones. Consideran que es un fraude electoral que perjudica al PSOE y beneficia al resto de los partidos. José Fiscal pide a la presidencia del Parlamento que actúe porque lo considera "indecente".

El portavoz del grupo popular, José Antonio Nieto, discrepa, no lo considera una desventaja, a su juicio, los dirigentes socialistas deben rendir cuentas. Para Ciudadanos comparecer ante la comisión de investigación es una obligación. Vox considera un contrasentido la solicitud del PSOE. Adelante Andalucía coincide con el PSOE en que el calendario de la comisión es electoralista.

La historia de la Faffe

La comisión de la Faffe busca depurar responsabilidades políticas de un caso que se encuentra en los tribunales por el pago con dinero destinado a cursos de formación para parados en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Este caso data de mayo de 2018. El PP, personado en la macrocausa, advertía de que la justicia estaba investigando al exdirector de la extinta Faffe, Fernando Villén, por el uso de una tarjeta de crédito de la empresa para realizar pagos en un club de alterne de Sevilla por valor de 15.000 euros. Un caso que calificaba de repugnate la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El Gobierno socialista abrió una investigación interna y el consejero de Empleo tuvo que comparecer hasta cinco veces en el Parlamento para dar explicaciones. Pero sus argumentos no convencieron a la oposición. El PP pidió una comisión de investigación que contó con el respaldo del resto de partidos y que en septiembre de 2018 se constituyó automáticamente después de que el PSOE retirara su oposición inicial.

Tras dos reuniones decayó por el adelanto electoral. Un mes después un nuevo informe de la UCO elevaba el gasto en prostíbulos a 32.000 euros, como denunciaba el Partido Popular. Tras el cambio de Gobierno en la Junta, el nuevo ejecutivo formado por PP y Ciudadanos acordó solicitar que se reactivara la comisión que quedó constituida en el Parlamento en febrero pasado y que hoy comienza con las primeras declaraciones.

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