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ante el fiscal jefe

Los fiscales Anticorrupción de Sevilla se quejan de la actuación de jueza de los ERE

Los seis representantes del ministerio fiscal han elevado un escrito ante el fiscal jefe en el que denuncian los fiscales de la delegación sevillana denuncian lo que consideran irregularidades cometidas por Núñez, que se encuentra de baja desde el martes de esta semana. 

20 June 2019

Los seis representantes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Sevilla han enviado al fiscal jefe Alejandro Luzón una queja contra la actuación de la jueza María Núñez Bolaños en la instrucción de macrocausas como las relacionadas con los ERE.

Según adelantó 'El Independiente', los fiscales de la delegación sevillana denuncian lo que consideran irregularidades cometidas por Núñez, que se encuentra de baja desde el martes de esta semana, y ahora esperan que Luzón eleve una queja oficial ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El escrito es el último episodio de una serie de desencuentros entre los fiscales y la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el más reciente el recurso de apelación que el Ministerio Público presentó el 7 de junio contra el archivo de la causa que investigaba la concesión irregular de avales y préstamos de la agencia pública IDEA, decretado por la magistrada el 27 de mayo.

En ese recurso, Anticorrupción sigue su línea de otros anteriores e insiste en la posible prescripción de los delitos, ya que la mayoría de ayudas investigadas datan de 2009 y 2010, y advierte de que ese "riesgo" es "cada vez más cierto al no hacerse avanzar la investigación".

Dos de los delegados en Sevilla también critican en ese escrito la forma de dirigir la causa, consideran que la valoración de Núñez sobre las diligencias practicadas "no es acertada" y recuerdan que no han ejecutado otras pruebas que solicitaron tanto ellos el 8 de abril como la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, como un atestado de la UCO de la Guardia Civil o una pericial de la Intervención General del Estado (IGAE).

La instrucción de este caso hizo que la acusación popular ejercida por el PP pidiese el pasado 4 de abril que se dedujera testimonio contra la jueza por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso en la administración de Justicia.

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