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JUICIO CASO DE LOS ERE

Griñán afirma de forma contundente que "no hubo malversación"

No hubo malversación. El expresidente de la Junta fue contundente en su declaración ante el tribunal de los ERE al negar la existencia del delito que puede llevarle seis años a la carcel en caso de ser condenado. 

11/04/2018

José Antonio Griñán aseguró que no conoció irregularidad alguna y que ni la intervención ni la cámara de cuentas encontraron ilegalidad alguna.

José Antonio Griñán ha respondido con aplomo y mucho detalle a los interrogatorios, tanto, que salía satisfecho. De momento ha negado el delito que, de ser condenado, le podría llevar seis años a la cárcel. Pero si reconocía que se produjeros situaciones anormales, muchas de las cuales han llegado al juzgado. 

No obstante, él no recibió ningún informe de actuación que le alertara de irregularidades. Es más, argumentaba, tanto la intervención como la cámara de cuentas, a la que él mismo pidió la revisión de diez años de ayudas, encontraron tacha alguna.

Como ya hiciera por la mañana, Griñán insistía en que nunca tuvo conocimiento del programa 31L porque, como consejero de Hacienda, sólo se ocupaba de la distribución presupuestaria del dinero y que, en todo caso era una mínima parte del presupuesto, en contra de lo que opinaba el fiscal.

Los acusados, que esperaban pacientemente a que se abrieran las puertas de la audiencia para iniciar la sesión de tarde, volverán a la sala el lunes. Será entonces el turno de Manuel Chaves que se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de un delito de prevaricación.

El fiscal Anticorrupción Manuel Fernández ha exhibido a Griñán un documento de diciembre de 2004 por el que como consejero de Hacienda (cargo que ocupó de 2004 a 2009 antes de ser presidente) elevaba al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria propuesta por la Consejería de Empleo para aumentar los fondos del programa de ayudas investigado detrayéndolo de otro.

Ante ese documento, Griñán ha sido rotundo: "Ese no es el documento que yo firmé".

Ha explicado que sí es su firma pero que faltan hojas del mismo en las que constan el visto bueno de la Secretaría General Técnica de Empleo, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención -los responsables de todos estos departamentos también se sientan en el banquillo- y por tanto "están cumplimentados todos los requisitos formales" y el consejero de Hacienda se limita al "trámite" de elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El fiscal ha dicho "no se lo voy a discutir porque puede que conste" ante lo que Griñán ha insistido: "Es que es muy importante".

Una de las bases de la acusación a Griñán es que como miembro del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que aumentaron los fondos del programa de ayudas de los ERE.

Se trata de un documento del que precisamente su abogado, José María Mohedano, pidió a la Junta una copia compulsada completa al detectar que al que consta en la causa le faltaban esas hojas con los tres vistos buenos, copia que ha remitido al tribunal.

José Antonio Griñán ha negado  conocer "exactamente" el programa de las ayudas sociolaborales que daba Empleo investigadas en el caso ERE porque como consejero de Hacienda "no se puede llegar a ese detalle" y el programa era "insignificante" en el presupuesto de Empleo.

Griñán, que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y presidente del Gobierno andaluz de 2009 a 2013, ha comenzado a declarar en el juicio de la pieza política del caso ERE respondiendo a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que le acusa de prevaricación y malversación y pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

El expresidente ha dicho que como consejero de Hacienda no conocía al detalle la "multitud de programas" del Presupuesto andaluz y en concreto el relativo a las ayudas investigadas no fue objeto de especial análisis ni debate con el consejero de Empleo porque "era insignificante" dentro de sus cuentas.

Cuando el fiscal le ha dicho que era el de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha respondido que eso es como "quitarle el SAS a la Consejería de Salud".

La sesión de hoy iba a continuar con el juez Juan Antonio Calle replanteando a Fernández preguntas que en la instrucción le hizo la jueza Mercedes Alaya que no ratificó y ante la que dijo sentirse "acosado" y que no se respetaron sus derechos, una decisión que ayer adoptó Calle entre la sorpresa del exconsejero y las protestas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

El juez ha aceptado que Fernández ejerza su derecho y terminada su declaración ha subido al estrado Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La larga declaración de Fernández, que llevaba siete días respondiendo al fiscal y a su abogado y a quien  el juez ha replanteó por sorpresa preguntas del interrogatorio al que le sometió en 2012 la jueza Alaya para que aclare qué respuestas ratifica, ha ido postergando la declaración de José Antonio Griñán.

En los pasillos de la Audiencia de Sevilla, el propio Griñán -que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación- ha expresado su deseo de pasar ya el trance de subir al estrado y su contrariedad por cómo se está posponiendo ese momento.

Griñán está acusado -junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su antecesor Manuel Chaves que declarará tras él- de prevaricación y malversación por mantener el "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Durante la mayor parte de ese periodo, Griñán no fue presidente sino consejero de Hacienda, de 2004 a 2009.

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