Uso de Cookies

X
TAMBIÉN REGULARIZACIÓN VIVIENDAS

El Parlamento de Andalucía aprueba la ley de tanteo y retracto en caso de desahucio

El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Tanteo y Retracto de Andalucía que permitirá a la Junta la compra   de inmuebles afectados por expedientes de desahucios. Además, se ha aprobado por unanimidad  una proposición de Ley de modificación de la Ley de Ordenación  Urbanística de Andalucía  para incorporar medidas urgentes en  relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones  urbanísticas en suelo no urbanizable

12/04/2018

El Pleno del Parlamento aprobó con los votos a favor del PSOE-A y Cs, la abstención de PP-A y Podemos y el rechazo de IULV-CA,  la ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Además, se han rechazado las enmiendas que han mantenido vivas el PP-A, Podemos, IU y la diputada no adscrita.

De acuerdo con la nueva ley, la Administración ejercerá el tanteo y retracto en función de la situación socioeconómica de las familias, aplicándose a los colectivos de especial protección y atendiendo a una tipología de inmuebles que debe responder a las características exigidas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una vez ejercido este derecho, los afectados tendrán prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.

El tanteo y el retracto se prevé para la dación en pago, mientras que para la ejecución hipotecaria se reserva solo la segunda opción, lo que implica actuar al final del proceso una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación.

La intervención se lleva a cabo en un periodo de 60 días naturales contados a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario. En el caso de que se haya producido la subasta pero la familia todavía permanezca en el domicilio, el plazo se aplica a partir del día en que el juez determine la fecha de salida de los moradores del inmueble. Si la Administración no tiene conocimiento de la orden de desahucio, puede realizar la compra en el momento en el que tenga constancia de la misma.

Además, cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobó este martes una modificación presupuestaria en Fomento y Vivienda con el fin de preparar el desarrollo de la Ley aprobada, una decisión que supone una dotación inicial de cuatro millones.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha tomado la palabra ante el Pleno del Parlamento para agradecer el trabajo a todos los implicados en la elaboración de la norma y especialmente a los grupos, cuyas aportaciones "han ayudado a enriquecer el texto". Así, ha explicado que con esta norma Andalucía afronta un desarrollo normativo "que permite hacer efectivo el derecho a la vivienda" pues la misma "da soporte a familias que están atravesando situaciones difíciles y que se enfrenta a la pérdida de su vivienda". 
En representación del PP-A, la diputada Alicia Martínez ha tildado la ley como una "falta de respeto" a las familias que han sufrido un desahucio en los últimos años, porque, según ha advertido, "no se podrá aplicar", al menos, hasta el año 2020, al estar ahora "en vigor" la ley 'antidesahucios' del Gobierno central.

Por eso, Martínez ha señalado que este miércoles se ha debatido sobre "humo" y "propaganda", y ha defendido que esta ley "llega tarde", está "contestada por los agentes sociales" y resulta "inútil". Frente a ese comportamiento de la Junta, ha defendido la labor del Gobierno central del PP en materia de medidas para hacer frente a los desahucios.

Carmen Molina, de Podemos, ha considerado que la norma es "un insulto a la sociedad que demanda respuestas" ante la situación emergencia habitacional provocada por la crisis pues la dotación económica que contempla valdría "para adquirir unas cien viviendas de unos 44.000 euros en dos años", en una comunidad en la que "en el 2017 se vieron afectados por ejecuciones 5.550 andaluces". Así, ha rechazado la norma "porque rescata bancos, no personas" y "deja fuera a los lanzamientos provenientes del alquiler", entre otros aspectos.

De su lado, el diputado de Cs Carlos Hernández ha advertido de que esta "no es la ley adecuada para atacar el problema de los desahucios" a cuenta de la cantidad presupuestaria que tiene consignada y dado que, a su juicio, la dación en pago es más efectiva aunque "es competencia del Gobierno central". No obstante, ha garantizado que Cs no va a poner "palos en la rueda" y que, con ese objetivo, presentó una serie de enmiendas que se han incorporado al texto.

En nombre de IU, Inmaculada Nieto ha incidido en que esta iniciativa "nació como una ocurriencia" para poner en marcha "unos titulares que marcaran una nueva etapa", mientras ha criticado que su contenido "se resume en el 'tú desahucia que yo pago'". Así, ha advertido de que la emergencia habitacional "sigue siendo un problema sobre el que la Junta no actúa" y que, además, "vuelve a las andadas" poniendo sobre la mesa esta norma "poco ambiciosa y con poco efecto para paliar este problema". Para IU, la norma es un "churro político" y una "chapuza" del Gobierno andaluz que "nos aboca al ridículo".

Por último, para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria Beatriz Rubiño ha defendido que esta ley es un instrumento "que se suma al acerbo legal con el que cuenta la Comunidad para luchar contra los desahucios" y que busca que los poderes público adopten las medidas necesarias "para mitigar las nefastas consecuencias de las ejecuciones para los colectivos más desfavorecidos". Así, ha reprochado al resto de partido sus críticas porque "tocan de oído" y se suben a la tribuna "a hablar de situaciones que no conocen".
Así las cosas, el texto aprobado fija como precio de la vivienda el valor del crédito a extinguir, en el caso de las daciones en pago, y la cantidad estipulada como valor de transmisión por el instructor judicial mediante resolución. Además de este importe, la Junta abona los costes asociados a la operación.

Por otra parte, la norma establece obligaciones de información y notificación a la Junta para los estamentos y profesionales que intervienen en los procesos de desahucio. Así, los órganos judiciales deben trasladar, previo convenio con la Administración autonómica, los documentos relativos a la transmisión de la vivienda en subasta judicial y las órdenes de lanzamiento, mientras que los registradores de la propiedad tienen que informar del cambio de titularidad del inmueble y los notarios, de las operaciones de transmisión.

Por su parte, el adquiriente de la vivienda otorgada por dación en pago está obligado a avisar de su adquisición para que se pueda ejercer el derecho de compra preferente. También se reconoce este derecho a los ayuntamientos, previo acuerdo con la Junta. 
La ley modificará el régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas. De este modo, se incluyen modificaciones para calificar como muy grave, y castigar con multas de entre 30.001 a 120.000 euros, la no devolución por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios en caso de resolución del contrato de compraventa. Hasta ahora, este supuesto no estaba tipificado como infracción.

Asimismo, se impondrá la máxima sanción a los promotores o personas jurídicas que mantienen vacía una VPO sin causa justificada por un periodo superior a tres meses. Como faltas graves, con multas de entre 3.001 hasta 30.000 euros, se consideran el incumplimiento del adjudicatario de ocupar el inmueble como domicilio habitual y permanente en el plazo previsto, así como la no presentación de la documentación requerida sobre esa ocupación.

La implantación del derecho preferente de adquisición completará el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, que se inició con la Ley de la Función Social de la Vivienda, en vigor desde octubre de 2013 pero suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso presentado por el Gobierno de España.

REGULACIÓN VIVIENDAS

También se aprobó la modificación de la Ley de Ordenación  Urbanística de Andalucía  para incorporar medidas urgentes en  relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones  urbanísticas en suelo no urbanizable. Esta proposición de ley, que fue suscrita por los cinco grupos parlamentarios (PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA), se ha aprobado por el procedimiento de tramitación directa y en lectura única. El pasado 20 de marzo, el Consejo de Gobierno emitió su criterio favorable con la toma en consideración de esta iniciativa.

La proposición de ley aprobada plantea concretamente una modificación en la disposición adicional cuarta de la LOUA con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad, regular el acceso provisional a servicios básicos (electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento) en edificaciones existentes en dichas parcelaciones para las que no cabía la adopción de medida alguna de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico infringido y que constituyeran la vivienda habitual de sus propietarios.

Dicho acceso excepcional y transitorio podría ser autorizado por los municipios, por un plazo máximo de dos años, siempre que tales viviendas se encuentren terminadas y en uso, el acceso a dichos servicios sea viable técnica y económicamente y los mismos reúnan las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y sostenibilidad.

Si bien el acceso provisional a los servicios referidos estaba garantizado para las edificaciones aisladas y las situadas en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, el mismo se encontraba dificultado y ralentizado para el supuesto de las edificaciones existentes en los asentamientos urbanísticos para los cuales cuestiones relacionadas con la gestión urbanística impedían que dichas edificaciones contaran con los servicios básicos con la celeridad que era deseable.

En este sentido, la proposición de ley planteada por los cinco grupos viene a cubrir esa carencia mediante la adición de un apartado tercero a dicha disposición adicional de la LOUA en el que se permite a los municipios autorizar el acceso provisional a los servicios básicos, en las mismas condiciones e idéntico plazo que para el contemplado en los dos supuestos referidos con anterioridad en los asentamientos urbanísticos que hayan sido incorporados a la ordenación urbanística del municipio y cuenten con la ordenación detallada aprobada en el momento de la autorización. PSOE-A HABLA DE "SOLUCION" Y PP-A" DE "PARCHE"
Para posicionar a los grupos ha intervenido en este debate, por el PP-A, la diputada Aránzazu Martín, quien ha advertido de que, aunque su grupo votaba a favor de la misma, esta modificación de la LOUA supone "un parche con el que con suerte vamos a tapar alguna cuestión sobre una problemática de muchos años" en Andalucía, y por la que ha criticado al Gobierno andaluz. De esta manera, ha justificado el voto a favor del Grupo Popular a esta iniciativa "por sentido de la responsabilidad" y porque, "mientras exista un solo perjudicado al que podamos ayudar dentro del marco legal, el PP-A siempre lo va a hacer".

Por parte de Podemos, la parlamentaria Mercedes Barranco ha destacado el "consenso" alcanzado entre los grupos en torno a esta modificación de la LOUA, y ha señalado que ha sido posible porque se circunscribe a regular, para las viviendas que se van a beneficiar de ella, el acceso a "servicios básicos" como luz o agua, algo que la formación morada considera "de justicia". En esa línea, ha manifestado que esta modificación "viene a subsanar el agravio comparativo" que generó el cambio que se introdujo en la misma ley en el año 2016.

En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Marta Escrivá ha tachado de "nuevo parche" esta modificación de la LOUA, y ha advertido de que no será el "último", porque "la LOUA todavía admite nuevas modificaciones para resolver problemas que aún siguen pendientes". En ese sentido, ha celebrado que, con este cambio, se da "solución para una parte de las familias afectadas", pero ha subrayado que, "como la casuística es tan diversa" en esta materia, "cada modificación que hacemos (de la LOUA) deja muchas familias detrás".

La portavoz parlamentaria adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, ha comenzado su intervención, al igual que han hecho los demás grupos, dedicando un saludo a los representantes del Ayuntamiento de Córdoba que, con su alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), al frente, se han dado cita en la tribuna de invitados del Pleno, ya que con esta modificación de la LOUA "se va a resolver una cuestión histórica que afecta" a dicha ciudad y que hacía que vecinos de esa capital "vivieran situaciones insostenibles desde el punto de vista del acceso al agua y la luz", según ha destacado.

Finalmente, ha cerrado el debate, en nombre del PSOE-A, el diputado Julio Millán, quien ha expresado la satisfacción de su formación por la aprobación de esta iniciativa con la que se modifica "puntualmente" la LOUA, y que, según ha defendido, "no es un parche, sino una solución". Además, ha valorado la actitud del Gobierno andaluz en esta cuestión, porque "siempre ha estado a disposición de los grupos y de los vecinos", según ha abundado.