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Las defensas piden anular el delito de asociación ilícita y la instrucción del juez Martín

Varias defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE han coincidido en pedir al tribunal que anule la acusación realizada por el PP-A por un delito de asociación ilícita y la instrucción de la causa desde que la asumió el juez Álvaro Martín en enero de 2016.

10/01/2018

En la exposición de las cuestiones previas que el tribunal debe dirimir antes de iniciar el interrogatorio de acusados y testigos, los abogados de los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y José Antonio Viera han invocado la vulneración del derecho a la defensa para pedir que se excluya la acusación por asociación ilícita, por la que el PP-A pide dos años de cárcel para todos.

La acusación popular del PP es la única que introduce este delito junto a los de prevaricación y malversación, por los que sí acusan a los 22 procesados la Fiscalía y Manos Limpias (delitos por los que les piden entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación).

Sostienen las defensas que en ningún momento de la instrucción se planteó que se investigara este delito ni a sus clientes se les preguntó al respecto en sus declaraciones judiciales, y que el PP-A lo incorporó de forma "sorpresiva", según el abogado de Zarrías, por "intereses extrajudiciales" con intención de "politizar" el juicio.

La defensa de Viera solicita además que respecto a su cliente se excluya la acusación de prevaricación por haber prescrito, al haber pasado más de diez años desde que fue consejero de Empleo (entre abril de 2000 y abril de 2004) hasta que fue imputado formalmente el 13 de noviembre de 2014.

Igualmente, reclama que tampoco se le acuse de malversación por estar siendo investigado por este mismo delito en piezas separadas del caso ERE sobre ayudas concretas otorgadas mediante el procedimiento específico por cuyo diseño y mantenimiento son procesados los expresidentes del Gobierno socialista andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 miembros de sus gabinetes.

Invoca así el principio de que una persona no pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos precisamente en el sentido contrario en el que otros acusados han logrado ser excluidos de piezas separadas sobre ayudas concretas por estar siendo juzgados en ésta.

En cuanto a la anulación de la instrucción desde que en enero de 2016 la asumió el juez Álvaro Martín, quien la terminó y abrió juicio oral, las defensas de Zarrías y Carmen Martínez Aguayo (como ya hizo ayer el abogado de Griñán) han invocado la vulneración del derecho al juez natural predeterminado cuando se le asignó la causa pese a no ser el titular del juzgado de instrucción 6 sino el juez de refuerzo.

Especialmente duro ha sido el abogado de Zarrías al calificar de "inquietante" que en el acuerdo por el que se le asignó se use la expresión de ser más "adecuado".

A juicio de las defensas supuso nombrar a un juez "específico" y "ad hoc" para la causa que además vulneró "el principio de igualdad de armas" porque dio a la Fiscalía, el PP y Manos Limpias cuatro meses y medio para presentar sus escritos de acusación mientras que los acusados "sólo" tuvieron "30 días" para argumentar sus defensas.

En la jornada de hoy han presentado cuestiones previas las defensas de 10 acusados (ayer lo hicieron dos y el resto no tiene), algunas de las cuales han pedido incorporar nuevas pruebas y testigos, entre ellos exdirectivos y funcionarios del Estado.

El abogado de Viera ha pedido que testifique la directora general del Ministerio de Trabajo durante el Gobierno del PP de Jose María Aznar, Soledad Córdova, por "su conocimiento" de la orden estatal de 1995 por la que el Estado daba ayudas excepcionales.

Córdova declaró en octubre como investigada en la pieza separada sobre las ayudas al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Gobierno y la Junta, cuando a preguntas de la jueza Núñez sobre si el procedimiento usado para dar ayudas era el mismo en ambas administraciones contestó que "puede ser".

El abogado del exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero ha pedido que testifiquen tres funcionarios del ministerio que participaron en la elaboración de esa orden.

El juicio se ha suspendido hasta el lunes cuando las partes impugnarán las cuestiones previas planteadas por los contrarios.