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Canal Sur


Aprobada la Ley de Dependencia andaluza con el voto en contra del PP-A y la abstención de IU

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos, la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una norma que afectará a más de 720.000 personas en la Comunidad autónoma y que cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales.

13/09/2017

Así, han sido rechazadas, con diferentes apoyos, todas las enmiendas que han mantenido vivas hasta el debate final de la norma el PP-A e IULV-CA, 99 y 77, respectivamente; mientras se han aprobado tres de las 22 que mantenía Podemos, tras haber sido transaccionadas por el PSOE-A.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, tras agradecer a todas las asociaciones, partidos y consejerías que han participado en la elaboración de la norma y considerar que el texto "ha sido mejorado" durante el trámite parlamentario; ha explicado que esta ley tendrá "un largo recorrido" y que "será efectiva para consolidar los derechos de las personas con discapacidad".

Además, la titular del ramo ha defendido que con esta nueva ley "rompemos lo que se entendía por discapacidad" y "va a favorecer que el entorno haga iguales a los que no lo son por estas dificultades". "Estamos de enhorabuena por que por fin reconocemos derechos y garantías para los andaluces con discapacidad", ha zanjado.

Una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la nueva ley prevé distintos instrumentos y medidas como la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad. Las universidades andaluzas, por su parte, deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad, y como novedad se reserva el 1% de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

De otro lado, la ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

En el área de la contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.

Además, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción. PP-A: "PERDEMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD"
Para posicionar al PP-A, Vicente Valero ha defendido que una ley de estas características es "necesaria y urgente" para Andalucía y para el 10 por ciento de andaluces con diversidad funcional "que requieren nuestra atención, apoyo y cariño". No obstante, ha criticado que "la insensibilidad y la falta disposición de Susana Díaz, que está más preocupada de su fracaso en el asalto a la política nacional, puede convertir lo que hoy es una oportunidad en una ocasión perdida".

Así, ha avisado que esta ley podría ser "una oportunidad para dar un paso hacia delante en la inclusión y la solidaridad" para conseguir una ley por unanimidad y que sea moderna, ambiciosa y que garantice los derechos de las personas con discapacidad, si bien cree que esto no será así porque no cuenta con dotación presupuestaria ni se han admitido una serie de enmiendas del PP-A "necesarias".

"En el PP-A no estamos dispuestos ni un minuto más al olvido de este colectivo", ha sentenciado Valero, que ha censurado que Cs sea "cómplice" de este "atropello" a las personas con discapacidad.

Esperanza Gómez, de Podemos, ha considerado que si bien aún detectan carencias, el texto que ha llegado al debate final en el Parlamento es "infinitamente mejor" que el original que presentó el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, ha advertido que la ley necesita "una buena aplicación" y esto depende de todas las consejerías porque la discapacidad, para Podemos, "es una política trasversal".

Ha defendido que esta realidad debe tener un enfoque de garantía de derecho y no asistencial, y que los poderes públicos "están obligados a garantizar que los derechos de este colectivo sean plenos". Ha zanjado avisando a la Junta de que "sin dotación presupuestaria y sin una buena labor de ejecución, la ley se quedará en nada".

Por parte de Cs, la parlamentaria Isabel Albás ha explicado que su grupo ha intentado recoger las demandas de los colectivos de este sector para incorporarlas al texto de una norma "muy importante" porque da cobertura a 700.000 andaluces que padecen alguna discapacidad.

Ha defendido que se trata de una ley "extensa" que contempla la realidad de muchos colectivos y que, si bien "entró coja" al Parlamento, "a día de hoy se ha enriquecido considerablemente". No obstante, la diputada de Cs ha criticado que no tenga partida económica mientras ha reclamado que la memoria económica, de 1.300 millones, se ejecute en su totalidad y aumente en los próximos presupuestos.

De su lado, por IULV-CA, la portavoz adjunta Elena Cortés, que ha comenzado su intervención trasladando su apoyo a Juana Rivas, ha considerado que gracias al trámite parlamentario se ha logrado "traer a tierra una ley que estaba en las nubes", al poner énfasis en las mujeres y los niños o al ampliar la aplicación de la ley a las familias, entre otros aspectos.

No obstante, ha lamentado que la norma no incluya una memoria económica para poder aplicarla en su totalidad, que el Consejo de Gobierno no haya hecho un informe de la legislación sobre esta materia que incorpora el texto, y también ha criticado que no se concrete los plazos que van a tener los planes que contempla la ley.

Por último, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que con esta ley se va a "consolidar" el cuarto pilar del estado del bienestar, como son los servicios sociales, y que es una norma "muy buena para la discapacidad del siglo XXI". "La ley ha mirado a la cara, de tú a tú y sin pudor, a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al marco estatal, la ley del 2011", según ha explicado.