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3 años de cárcel para Correa y Crespo por la rama de Gürtel en Jerez

La Audiencia Nacional los condena por la adjudicación la adjudicación de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004. 

La ex alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, estuvo imputada pero el Supremo archivó la causa, aunque la fiscalía ha solicitado su reapertura. 

20 noviembre 2019

La Audiencia Nacional ha condenado al jefe de Gürtel, Francisco Correa, y a su número dos, Pablo Crespo, a tres años de cárcel por la adjudicación de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004, y ha absuelto por prescripción a los cinco funcionarios del consistorio acusados en esta causa.

En su sentencia, la sección segunda de lo Penal condena además a dos años y tres meses de prisión al exempleado de las empresas de Gürtel Javier Nombela, y a un año y dos meses de cárcel a Isabel Jordán, exadministradora de sociedades de la trama, como cooperadores necesarios en un delito de falsedad cometido por funcionario público, el mismo por el que han sido condenados sus jefes, aunque en el caso de estos por delitos continuados.

El tribunal absuelve a los nueve acusados en esta causa, tanto los de la trama Gürtel como a los cinco funcionarios, del delito de fraude a la administración pública que les atribuían las acusaciones, y también absuelve a los cuatro acusados de Gürtel del delito de falsedad en documento mercantil por el que fueron juzgados.

Pero la sentencia deja claro que sin ellos los hechos delictivos no se hubieran podido llevar a cabo, ya que fueron los encargados de confeccionar los expedientes falsos con los que se intentó dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas de Correa.

De acuerdo con la sentencia, Correa, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, que estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, "obtuvo ilícitamente" para sus empresas Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres contratos por importe de 214.028,71 euros para Fitur 2004.

Se trataba del montaje del expositor en la feria, un espectáculo ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y otro espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño parque de El Retiro.

Fue "una adjudicación directa de forma verbal" que, según los magistrados, vulneró la normativa de contratación pública y sus principios de "publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público".

Una vez terminada la feria se procedió a elaborar los expedientes administrativos y contables necesarios para darle apariencia de legalidad, colocándoles fechas falsas.

Según la Sala, Isabel Jordán y Javier Nombela, siguiendo instrucciones de Correa y Crespo, confeccionaron también la documentación que sustentaba sus ofertas con fechas anteriores a las de su presentación real.

"Los expedientes confeccionados están plagados de ilegalidades y arbitrariedades para sortear los controles de legalidadö, subrayan los jueces.

El caso de Jerez, en su opinión, es una manifestación más del modus operandi del llamado Grupo Correa en el periodo investigado, entre 1999 y 2009: Correa captaba el negocio y prestaba a sus empresas y su personal para una contratación "absolutamente ilegal en beneficio de las mismas y en definitiva, en el suyo propioö.

En la sentencia se considera probado que los funcionarios municipales enjuiciados colaboraron en una adjudicación "totalmente ilegal y arbitraria" y con "pleno conocimiento" de lo que hacían, pero los absuelve porque el procedimiento se dirigió contra ellos cuando los hechos ya habían prescrito.

Todos ellos, añade la sentencia, tuvieron una contribución eficaz y decisiva en la elaboración de esos expedientes antedatados después de terminado Fitur, de forma "consciente y voluntaria" y "a sabiendas de su ilegalidad y arbitrariedad.

Se atribuye a los condenados el delito de prevaricación continuado ya que fueron tres los contratos otorgados de forma ilegal.

LA ALCALDESA, EXONERADA

La popular María José García Pelayo también estuvo investigada Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado.

Eso ocurrió hace tres años. El día cuatro de este mes de noviembre de 2019, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó la reapertura de la causa contra ella. 

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