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sentencia de los ERE

¿A qué penas se enfrentan los acusados y por qué delito?

En total, son 21 los altos cargos acusados, en diferente grado, de participar en el diseño y mantenimiento de un sistema irregular pensado para conceder ayudas sin control.

Se les acusa a todos de prevaricación y a algunos de malversación.

18 November 2019

MANUEL CHAVES. 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Fue también ministro Felipe González y vicepresidente con José Luis Rodríguez Zapatero. Está procesado por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa. Según el sumario, habría impulsado la implantación del procedimiento cuestionado para distribuir ayudas sin control. 

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN. 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Se le acusa de mantener el procedimiento para dar ayudas sin control. 

GASPAR ZARRÍAS. 10 años de inhabiltiación por prevaricación. 

Consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009. Era miembro del Consejo de Gobierno que aprobó las modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L que, supuestamente, nutrían las ayudas. Como presidente de los denominados «consejillos», según el auto, avaló modificaciones presupuestarias de esos programas y habría conocido de los intentos legales por regularizar la concesión de ayudas sin que, finalmente, hiciera nada para corregirlo. 

JOSÉ ANTONIO VIERA. 8 años de prisión y 30 inhabilitación por malversación y prevaricación.

Consejero de empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, presidente de IFA-IDEA 2003-2004, la agencia autonómica que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de EmpleoViera habría articulado con su viceconsejero, Antonio Fernández, el sistema para que fuera el IFA la entidad pagadora aún sabiendo que era irregular. 

ANTONIO FERNÁNDEZ. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004, Consejero de Empleo entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, presidente del IFA-IDEA entre mayo de 2001 y el 2003. Acusado de los mismos delitos que Viera, según la acusación, sostuvo el sistema.

FRANCISCO JAVIER GUERRERO. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Director General de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008. Fue el que dio origen al caso cuando declaró ante Mercedes Alaya, aunque luego se desdijo, que las ayudas formaban parte de un "fondo de reptiles". Según la fiscalía conocía que las ayudas se daban de forma irregular porque era quien las manejaba de forma directa y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.

MAGDALENA ÁLVAREZ. 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. A diferencia de su sucesor en la Consejería, Griñán, está acusada sólo de un delito continuado de prevaricación administrativa, ya que aprobó las modificaciones presupuestarias necesarias para nutrir los programa que sustentaban las ayudas. 

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO. 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Viceconsejera de Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009 y Consejera de Hacienda entre el 23 de abril de 2009 y el 9 de septiembre de 2013. Mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones a sabiendas de sus irregularidades. Dice que no tuvo conocimiento de los informes que advertían de irregularidades.

FRANCISCO VALLEJO. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Consejero de Innovación entre el 25 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009, presidente IFA-IDEA en los años 2004 a 2009. Según la acusación supo del sistema y contribuyó a nutrirlo, sabiendo que las transferencias de financiación con que se pagaban, vía IDEA, las ayudas, no eran la fórmula correcta. 

AGUTÍN BARBERÁ. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Viceconsejero de Empleo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2010. Como el resto de cargos relacionados, mantuvo el sistema y lo dotó de fondos. 

JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Viceconsejero de Innovación entre el 19 de marzo de 2005 y el 1 de abril de 2010 y vicepresidente de IFA-IDEA entre los años 2005 y 2008. Se enfrenta a los dos delitos por haber impulsado supuestamente el sistema irregular.

JOSÉ SALGUEIRO. 10 años de inhabilitación por prevaricación

Viceconsejero de Hacienda entre 1990 y el 7 de febrero de 2004 y Consejero de Hacienda entre febrero y mayo de 2004, bajo el mandato de Magdalena Álvarez. Habría 

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Director General de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010. Sustituto de Guerrero y acusado de los mismos delitos, habría asumido el sistema y concedido ayudas de la misma manera.

JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 14 de mayo de 2000 hasta el 2 de mayo de 2004, Secretario General Técnico de la Consejería de Innovación del 2 de mayo de 2004 al 1 de abril de 2010 y director de Administración y Finanzas IFA-IDEA desde mayo de 2010 al 30 de octubre de 2012. Conoció que estas ayudas y subvenciones carecían de un procedimiento administrativo y mantuvo el sistema cuestionado, pese a saber de las irregularidades.

JAVIER AGUADO. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Secretario General de Trabajo entre 1994 y el 14 de mayo de 2000 y Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 2 de mayo de 2004 al 3 de mayo de 2008. Se le acusa de ggestionar y tramitar las modificaciones presupuestarias que nutrieros los programas de los ERE. 

LOURDES MEDINA. 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Secretaria General Técnica de Empleo del 3 de mayo de 2008 al 17 de mayo de 2012. Se le atribuyen los mismos hechos supuestamente delictivos. Como sus antecesores mantuvo un sistema irregular. 

ANTONIO LOZANO. 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Director General de Presupuestos del 21 de abril de 2002 al 26 de abril de 2009. Se le acusa también de mantener el sistema. 

MANUEL GÓMEZ. 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Interventor General de la Junta de Andalucía entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de abril de 2010. El juez le acusa de conocer las irregularidades y de no pararlas, a pesar de que él asegura que sus informes fueron desoídos. 

MIGUEL ÁNGEL SERRANO. 8 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Director General de IFA-IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008. Suscribió 42 convenios pese a conocer de las irregularidades, según la acusación. 

JACINTO CAÑETE. 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

Director General de IFA-IDEA entre el 14 de mayo de 2008 y el 22 de diciembre de 2009. Se le imputan los mismos delitos que su antecesor. Firmó 124 convenios. 

FRANCISCO DEL RÍO. 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008. Como miembro del Consejo Rector de IFA-IDEA no se opuso a las ayudas. 

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