A la "redefinición" de un sistema de valoración común se unirá el próximo año un 'manual de buenas prácticas' en el que se explique con mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer los grados de dependencia de los beneficiarios, según indicó Moza, en una entrevista concedida. "Todas ellas, son medidas que van a permitir una mejora significativa del modelo de dependencia", apostilló.
Según avanzó, los últimos datos indican que ya hay 900.000 personas valoradas, 670.000 tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, de las que el 70 por ciento (470.000 personas) están siendo atendidas. "Antes de que termine el año, dos de cada tres dependientes serán atendidos y el resto estará en proceso de asignación de la prestación", aseguró.
Frente a las críticas al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), el titular de Política Social defendió que, a día de hoy, nueve de cada diez personas que han solicitado acogerse a la ley han sido valoradas y que, cuando acabe 2009, la media de introducción de dependientes en el sistema "será de 25.000 personas al mes". No obstante, reconoció que "esto no le sirve a las personas que están esperando las ayudas", para añadir, que "en eso hay que ser más ágiles".
Ni premiar, ni castigar a las CC.AA.
Sobre los últimos informes elaborados por asociaciones, patronales o sindicatos que alertan de las "distintas velocidades" que hay en la aplicación de la norma por parte de las comunidades autónomas, y en los que se asegura que algunas vulneran el sistema de financiación, el secretario general dijo que espera que todos los gobiernos autonómicos cumplan con la ley y alcancen el nivel que los ciudadanos "esperan de todos ellos".
"A mi no me gusta hablar ni de castigar ni de premiar", aseveró Mazo, que aseguró que "el ciudadano no entendería que las administraciones públicas se dedicasen a discutir y no a resolver la situación de dependencia de su familiar". En este sentido, dijo estar "absolutamente convencido" de que el diálogo con las CC.AA. "dé resultados" en 2010 y que todas ellas muestren "lealtad institucional".
El responsable de Política Social descartó que el principal obstáculo para el efectivo despliegue de la ley sea una posible descoordinación autonómica. "La dificultad de un sistema de esta tipo es que en tres años tienes que estar atendiendo a un millón y medio de personas", aclaró.
La mayoría quieren que se les cuide en casa
En cuanto a que más de 50 por ciento de las prestaciones a los dependientes se trata de ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar, el secretario general de Política Social justificó que, aunque la ley lo contempla como una excepción, son los propios ciudadanos los que solicitan que se les atienda en casa, puesto que se trata de "una tendencia natural que tiene que ver con componentes culturales y sociales y con la forma de familia que hay en España".
